Los medios de comunicación en Colombia viven momentos de turbulencia. El Canal Caracol confirmó ayer el retiro de dos de sus presentadores más reconocidos, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, tras recibir denuncias de acoso sexual que salieron a la luz públicamente. Este movimiento, que ya se conoce como el #MeToo colombiano, ha sacudido a la industria audiovisual del país, sacando a la luz casos que hasta ahora se mantenían en la penumbra.

Todo comenzó cuando el viernes pasado el canal anunció que había recibido denuncias contra dos presentadores e inmediatamente activó sus protocolos internos. Durante el puente festivo, varias periodistas que trabajaron en Noticias Caracol, entre ellas Juanita Gómez y Catalina Botero, rompieron el silencio con sus testimonios y expresaron sentirse invisibilizadas en el momento. La Fiscalía General no tardó en intervenir: el martes pasado abrió una investigación oficial y habilitó el correo denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para que las víctimas reporten casos con garantías de protección.

Horas después, Caracol publicó un comunicado nominando a los denunciados. En el caso de Ricardo Orrego, presentador de deportes, la empresa resolvió terminar su contrato laboral. Jorge Alfredo Vargas, quien conducía la edición central de noticias, también se fue del canal, aunque la empresa aclaró que fue "de mutuo acuerdo". El canal precisó que estas medidas "no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales", y afirmó que buscan "proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización".

Caracol reconoció que las denuncias sobre acoso sexual en su entorno laboral son "de particular gravedad" y "conmueven profundamente" a la organización. El canal se comprometió a abordar la situación "con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad", e incluso expresó "respeto y reconocimiento" a "quienes han alzado la voz", reconociendo que hacerlo no es fácil.

En paralelo, la Fiscalía tomó una decisión significativa en otro caso de acoso que involucraba al gerente de RTVC, Hollman Morris. Cambió al fiscal delegado encargado de la investigación de una denuncia por injuria y calumnia que Morris había interpuesto contra Lina Marcela Castillo. Castillo lo había señalado públicamente en redes sociales por presunto acoso sexual y laboral ocurrido en 2019, cuando él era concejal de Bogotá y ella trabajaba en su equipo de comunicaciones. Según su relato, el entonces cabildante le hizo comentarios de contenido sexual sobre su forma de vestir y la tocó sin su consentimiento. Morris respondió demandándola por injuria y calumnia, y en 2023 el caso llegó a acusación; ella fue convocada a juicio en 2025.

La Fiscalía ahora puso al frente del caso a la fiscal Marcela Abadía y reconoció un error grave: debió haber evaluado la denuncia de Morris "con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto 'silenciador' en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor, cuando en realidad la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección". La Corte Constitucional ha reconocido este tipo de denuncias públicas como "un ejercicio de la libertad de expresión, un medio para proteger las denuncias anónimas y una respuesta a la violencia institucional", según la Sentencia T-241 de agosto de 2023.

Los dos presentadores reaccionaron a sus despidos. Jorge Alfredo Vargas escribió en X que "después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa", subrayando que terminaba "con la convicción de haber ejercido el periodismo con rigor, independencia y respeto" y que "si en algún momento alguien tuvo una sensación diferente, lo respeto, advirtiendo que nunca mi actuar tuvo esa intención". Ricardo Orrego, por su parte, emitió un comunicado a través de su abogada Julieth Fiallo, en el que aclaró que la decisión del canal "no es el resultado de una investigación disciplinaria concluida" y que se someterá a "las actuaciones administrativas, disciplinarias o judiciales que sean adelantadas por las autoridades competentes".