Una confusión institucional envolvió a los números de expediente de la justicia colombiana esta semana. Óscar Ojeda Durán, conocido como alias Leopoldo Durán, fue capturado por orden de Interpol apenas para ser puesto en libertad horas después. El hombre funge como jefe de la delegación negociadora de la disidencia comandada por alias Calarcá, y ese cargo resultó siendo más importante que la orden internacional en su contra.

La Fiscalía justificó la liberación argumentando que las órdenes de captura en contra de Ojeda Durán están suspendidas precisamente porque participa activamente en el proceso de paz. Las disidencias, por su parte, no quisieron quedarse calladas. Exigieron su libertad inmediata y aclararon el punto que les parecía fundamental: "no es un combatiente, sino un negociador". También advirtieron que mantenerlo detenido afectaría los diálogos que están en curso.

El problema es que Ojeda Durán no era un hombre buscado por cualquier cosa. Las investigaciones lo señalan por lavado de activos, específicamente por su participación en una red financiera que canalizaba dineros ilegales para el frente de Calarcá. Según los reportes, dentro del Estado Mayor Central de esa estructura no solo cumplía un rol militar, sino que se ocupaba de la logística y las finanzas, dándole una apariencia de legalidad a recursos que provenían de actividades ilícitas.

Lo que pasó después de la captura y liberación de Leopoldo Durán puso en evidencia algo que muchos expertos en derecho ya sospechaban: existe un conflicto sin resolver entre las leyes internas de Colombia y los compromisos que el país tiene con organismos internacionales como Interpol. "Una persona puede ser detenida por una notificación internacional y, al mismo tiempo, quedar en libertad por una suspensión interna de la orden de captura", es el dilema que quedó plasmado en este caso.

Los críticos no tardaron en señalar que la suspensión automática de órdenes dentro de un proceso de paz no puede simplemente cancelar los deberes que tiene el Estado frente a la cooperación judicial internacional. Las decisiones administrativas o judiciales internas, dicen, no desaparecen los compromisos que Colombia asumió con otros países.

Lo curioso es que todo esto pasó apenas horas después de enfrentamientos violentos entre el Ejército y las disidencias de Calarcá en San José del Guaviare. En la vereda Caño Mosco, en zona rural, cayó muerto el soldado Yeudy Osorio Córdoba. Nueve compañeros suyos resultaron heridos en los combates. Según el Ejército Nacional, "dos suboficiales y siete soldados profesionales más fueron evacuados mediante procedimiento de extracción aeromédica de manera inmediata y oportuna hacia el municipio de San José del Guaviare, donde reciben atención médica especializada". Los heridos se encuentran fuera de peligro.

El caso de Ojeda Durán queda entonces como un reflejo de la complejidad que enfrenta el país: mantener viva una negociación de paz mientras, al mismo tiempo, intenta responder a sus obligaciones internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero.