La captura de un reconocido urólogo en Medellín ha puesto en el centro del debate público un caso de abuso que permanecía sin una respuesta efectiva durante años. Alberto Posada, quien ejercía la medicina desde el año 2000, fue capturado el 15 de abril y quedó a disposición de la Fiscalía, que solicitará su medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanzan las investigaciones penales.

Lo que comenzó como denuncias aisladas en redes sociales se convirtió en un patrón documentado de abuso. Al menos 49 mujeres formalizaron sus denuncias, principalmente en Medellín y su área metropolitana, aunque las autoridades sospechan que el número real de víctimas podría ser significativamente mayor. Las pacientes denunciaron haber sido sometidas a tocamientos indebidos bajo el pretexto de procedimientos médicos, incluyendo palpaciones en los senos y tactos vaginales que no correspondían a su especialidad urológica.

Lo preocupante es que este caso no es nuevo. Existen antecedentes de quejas que se remontan a casi tres décadas, incluyendo una sanción disciplinaria de seis meses que, según registros, nunca se habría ejecutado. Durante años, las víctimas denunciaron a través de la Línea 123 Atención Mujer de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, permitiendo que las autoridades consolidaran la información y la remitieran a los organismos competentes.

El médico atendía en dos reconocidos centros asistenciales de la ciudad. Una de estas instituciones indicó que el profesional operaba de forma independiente, sin vínculo administrativo directo. El caso ganó visibilidad tras denuncias públicas, entre ellas las expuestas por la concejal Camila Gaviria, y relatos difundidos en medios y plataformas digitales que finalmente catalizaron la acción de las autoridades.

Ahora las diligencias judicales enfrentan el reto de establecer la magnitud real de los hechos y determinar todas las responsabilidades penales. Este caso ha generado indignación en la ciudad, no solo por los abusos denunciados, sino por el tiempo que tardó en tomar medidas efectivas a pesar de que las víctimas había estado levantando la voz.