Un entramado de corrupción que movió cientos de millones de pesos en recursos de regalías fue expuesto por la Fiscalía General de la Nación. El Cuerpo Técnico de Investigación capturó a nueve personas acusadas de integrar esta estructura criminal que operaba a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Las detenciones se realizaron en Arauca, Barranquilla y Cantagallo.

Según la directora Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, Madeleyne Pérez Ojeda, los implicados habrían utilizado Aremca para obtener avales de alcaldías y gobernaciones que les permitieran ejecutar proyectos públicos. Una vez conseguían las aprobaciones, presuntamente direccionaban los contratos hacia beneficio personal, comprometiendo la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. Entre los capturados están Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saéz Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo.

La investigación reveló que esta red habría desviado 101 contratos con un valor superior a 496 mil millones de pesos. Los proyectos incluían obras civiles, interventorías y programas de saneamiento, agricultura y alimentación en departamentos como Casanare, Magdalena, Santander y La Guajira. En Arauca, las autoridades identificaron una apropiación indebida de más de 3.200 millones de pesos, además de la presunta omisión en el pago de tributos de obra pública cercanos a 14 mil millones.

El caso de La Guajira ejemplifica el impacto real de estos desvíos. Durante la administración del alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes se suscribió un contrato millonario con Aremca para sembrar palmeras en la playa de Riohacha. Sin embargo, hoy muchas de estas plantas se han secado y están en mal estado, con algunas estructuras de protección abandonadas. El proyecto presentó fallas en su planificación y seguimiento, y nunca hubo una entrega formal de la obra considerando que el mantenimiento requería riego constante y cuidado prolongado. El dinero que los riohacheros necesitaban para mejorar su ciudad simplemente desapareció.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías donde enfrentarán imputaciones por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, entre otros delitos. La investigación continúa para establecer la responsabilidad individual de cada implicado. Las autoridades subrayaron su compromiso en la lucha contra la corrupción, especialmente en casos que afectan recursos vitales para el desarrollo de comunidades vulnerables como La Guajira.