En el barrio Chico de Usme, al sur de Bogotá, las autoridades desmontaron la pasada semana una fábrica clandestina de explosivos que funcionaba en silencio, casi imperceptible entre las casas del sector. Allí estaba Harold Zuluaga Arroyabe, alias "Plumilla", un señalado experto en la fabricación de artefactos explosivos improvisados. La operación fue coordinada entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la DEA, en una acción que busca frenar los planes terroristas en Bogotá.

Plumilla no era un fabricante cualquiera. A sus 61 años, era considerado un personaje estratégico en la estructura del ELN por su capacidad técnica casi industrial. Su depósito clandestino tenía la capacidad de producir entre 30 y 40 granadas cada tres semanas, fabricadas bajo pedido de grupos armados ilegales. Pero su especialidad iba más allá: también construía artefactos que se adaptaban a drones y explosivos de alto poder destructivo. Según la Policía Nacional, "adecuaba armas traumáticas y hechizas, modificando sus mecanismos para convertirlas en armas de precisión de largo alcance, empleadas por estructuras armadas ilegales". Trabajaba junto con Gerson Hernando Flores, de 29 años, y suministraba material bélico tanto al ELN como a disidencias de las FARC, específicamente al frente 36.

Lo que hizo más grave la situación fue descubrir que ese armamento en fabricación estaba destinado a ataques directos contra integrantes de la Fuerza Pública, y todo apuntaba a que sería usado durante la jornada electoral del 8 de marzo. Las autoridades consideran que esto "evidencia un riesgo directo contra la democracia y la institucionalidad". Para conseguir los detonadores y estopines necesarios, Plumilla engañaba a los proveedores diciendo que los necesitaba para procedimientos mineros.

El allanamiento dejó a la vista toda la envergadura de la operación. Los agentes incautaron 80 contenedores esféricos metálicos listos para explosivos, cerca de un kilogramo de pólvora negra, cinco kilogramos de precursores químicos, un lanzagranadas calibre 40 mm, tres piezas para armar lanzagranadas ligeros múltiples (MGL), 897 cartuchos de 5.56 mm, diez partes para granadas de 60 mm, además de dos proveedores para pistola 9 mm. Según el análisis policial, el material incautado tenía capacidad para afectar la vida e integridad de más de 800 personas debido a su composición metálica y carga de metralla.

También encontraron el respaldo de su trabajo: cuadernos con manuscritos, una tableta digital y un computador que seguramente guardan información sobre sus operaciones y contactos. Todo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde continuarán las investigaciones para determinar si hay más eslabones en esta cadena de fabricación de armamento terrorista.