Mientras vivía como un ciudadano más en una casa de Pereira, alias Gafas seguía cumpliendo una de las tareas más oscuras de los grupos armados ilegales del país: reclutar niños y adolescentes. Su captura este martes marca un golpe importante contra esta red delictiva, aunque la lucha contra el reclutamiento forzado de menores sigue siendo uno de los desafíos más urgentes en Colombia.

El general William Oswaldo Rincón, director de la Policía, confirmó la detención del disidente en la capital de Risaralda. Según las autoridades, Gafas era integrante de las redes de apoyo de la estructura criminal Jaime Martínez del Estado Mayor Central, que opera en el suroccidente del país. Su rol era claro y devastador: "Este criminal es señalado como responsable del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, a quienes instrumentalizaba para labores logísticas y de apoyo criminal", explicó el general Rincón en su cuenta de X.

El capturado tenía una trayectoria criminal que rondaba más de tres años y era hombre de confianza de alias Cachorro, un cabecilla con control en Suárez, Cauca. Además de sus delitos contra la infancia, era requerido por homicidio agravado y tentativa de feminicidio. Su nombre se conoce por compartir alias con quien fuera carcelero de Ingrid Betancourt durante su secuestro en manos de las extintas Farc.

El general Rincón caracterizó la captura como "un golpe contundente contra las estructuras criminales que vulneran de manera sistemática la vida y derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes". Sin embargo, los números muestran que esta batalla está lejos de ganarse. La Defensoría del Pueblo reportó que 257 menores fueron reclutados durante 2025, cifra que da cuenta de la persistencia de esta práctica criminal.

De esos 257 casos, el 47,1 por ciento ocurrió en las filas del Estado Mayor Central, exactamente la estructura para la que trabajaba Gafas. El Cauca fue el departamento más golpeado con 93 reclutamientos reportados, territorio donde precisamente tiene injerencia la estructura Jaime Martínez. Entre los reclutados, el 62 por ciento corresponde a hombres y el 38 por ciento a mujeres, todas vidas interrumpidas por la guerra que todavía golpea a Colombia.