La detención de Alberto Posada, un médico especialista en urología que ejercía en Medellín, marca un punto de quiebre en un caso que durante años circuló entre testimonios dispersos sin lograr avanzar en la justicia. Hoy, con más de 50 denuncias de mujeres que aseguran haber sido abusadas durante consultas médicas, la acumulación de pruebas finalmente llevó a su captura este miércoles 15 de abril.

Lo que aparentaba ser una consulta médica ordinaria se convirtió para muchas en una experiencia traumática. Las denunciantes describen un patrón preocupante: llegaban al consultorio por motivos urológicos o infecciones, pero el médico realizaba procedimientos que no correspondían con la especialidad ni con el diagnóstico. Según uno de los testimonios conocidos a través de El Colombiano, una paciente relató cómo el especialista le pedía desvestirse para revisarla y luego "procedía a palparme los senos, según él, para descartar cáncer de mama. También me hizo algunos tactos vaginales, y pues en ese momento, ante su supuesto profesionalismo y conocimiento, uno lo ve como normal". La confianza que generaba su reconocimiento profesional hizo que muchas mujeres no cuestionaran lo que sucedía durante esas citas.

Lo más preocupante es que los primeros señalamientos contra este urólogo datan de inicios de los años 2000. Durante más de dos décadas ejerció sin que estas denuncias derivaran en acciones judicales contundentes, a pesar de que ya existían alertas en entidades locales. Incluso recibió una sanción disciplinaria de suspensión temporal por seis meses, medida que no logró frenar las denuncias ni impidió que continuara su práctica médica.

La visibilidad del caso cambió significativamente en los últimos tiempos gracias a espacios digitales como el pódcast Vos Podés, donde varias mujeres compartieron públicamente sus experiencias. Esa apertura motivó a otras posibles víctimas a romper el silencio y presentar sus denuncias formalmente. El urólogo prestaba sus servicios en centros médicos de la ciudad, muchas veces de manera independiente, lo que probablemente facilitó que operara sin supervisión adecuada durante tanto tiempo.

Ahora, con la captura, queda a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias preliminares y definirá las medidas judicales. El proceso está en etapa inicial, pero las autoridades buscan establecer si hay más víctimas que aún no han presentado denuncia y determinar la real dimensión de los hechos.

El caso visibiliza una realidad incómoda: cómo alguien en una posición de confianza y cuidado puede abusar del poder que le otorga su profesión. Ahora, después de años de silencio, esos testimonios finalmente tendrán oportunidad de ser escuchados dentro de la justicia.