Un golpe importante a la delincuencia dentro de una de las estructuras más sensibles del país. La Fiscalía General de la Nación, junto con la Dijín de la Policía Nacional y autoridades de Estados Unidos, logró desmantelar una organización delincuencial que operaba desde adentro del aeropuerto El Dorado, permitiendo que extranjeros entraran y salieran del país de manera irregular.

Los capturados son Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero, los cuatro funcionarios de Migración Colombia acusados de facilitar este tráfico de migrantes. De acuerdo con la investigación, estos servidores públicos aprovechaban sus cargos para dejar pasar sin trámites a ciudadanos que provenían de países como China, México y Vietnam. Algunos eludían completamente los filtros migratorios, mientras que otros registraban su paso con información falsa o incluso utilizaban pasaportes de terceros para simular movimientos que nunca ocurrieron.

Lo grave del asunto es que los funcionarios actuaban a consciencia. En al menos 11 eventos delictivos documentados, algunos de ellos trabajaban sin estar de turno o sin autorización para ejercer funciones. Su objetivo: facilitar la salida de migrantes hacia Estados Unidos y países centroamericanos. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público. A Cerón Reyes se le agregó además el cargo por fabricación, tráfico o porte de municiones, después de que durante su captura le encontraran munición para pistola sin autorización.

La investigación nació desde adentro de la propia institución. Migración Colombia había iniciado un proceso de indagación interna a través de su Grupo de Policía Judicial desde enero de 2024, cuyos resultados fueron reportados a la Fiscalía. Los cuatro procesados permanecerán bajo medida de aseguramiento en sus lugares de residencia, según decisión de un juez de control de garantías.

Migración Colombia, aunque respalda las acciones judiciales, fue enfática en aclarar que "estas actuaciones individuales no representan los principios, valores y el compromiso de la gran mayoría de los funcionarios". La entidad reiteró su compromiso con el fortalecimiento de controles internos y la cooperación interinstitucional para evitar que conductas como estas vuelvan a afectar la seguridad nacional y la confianza ciudadana.