Un golpe importante para la justicia en la región. La Fiscalía General de la Nación logró desmantelar una red delincuencial que durante meses estuvo robando subsidios destinados a las poblaciones más vulnerables en Medellín y Montería. Se trata de dineros que deberían llegar a víctimas del conflicto armado, personas desplazadas y beneficiarios de programas sociales, pero que terminaban en manos de criminales que sabían exactamente cómo burlar los sistemas.

El operativo reveló cómo funcionaba esta máquina de fraude. Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado como el cabecilla de la estructura, era quien orquestaba todo desde adentro. Él proporcionaba las cédulas de ciudadanía, decidía cuánto dinero sacarían en cada operación y coordinaba a sus cómplices para que fueran a cobrar los subsidios en nombre de personas que no sabían nada de lo que estaba pasando. Es decir, les robaban la identidad a gente que ya estaba pasando por dificultades, para quedarse con recursos que esas familias necesitaban.

Tres mujeres jugaron un papel clave en el entramado ilegal: María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez. Estas tres lograron acceder a las bases de datos de los programas sociales e ingresaban información falsa o utilizaban datos biométricos alterados para que los sistemas autorizaran los desembolsos. En total, investigadores identificaron más de 240 eventos fraudulentos que dejaron un daño de más de 116 millones de pesos.

Parte de esa plata robada era transferida a Israel Segundo Gutiérrez Severiche, quien aparentemente recibía las ganancias del delito. Los otros seis capturados tenían roles específicos: unos se encargaban de suplantar identidades ante los bancos, otros iban a recoger el dinero, algunos coordinaban los puntos donde operaban y otros manipulaban los sistemas de verificación de identidad.

Cuando la Policía Nacional allanó las viviendas de los sospechosos, encontró evidencia contundente del modus operandi. En uno de los lugares decomisaron ocho computadores portátiles, un lector biométrico de huellas digitales, varias tarjetas bancarias y otros elementos que servirán para fortalecer el caso. Un juez ordenó que cinco de los procesados quedaran en la cárcel, mientras que los otros cinco tendrán medidas de aseguramiento en sus domicilios.

Los delitos que les imputó la Fiscalía son concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de confianza. Cargos que reflejan la magnitud de lo que hicieron: trabajar en equipo para robar, manipular la tecnología y traicionar la confianza de instituciones que estaban tratando de ayudar a gente necesitada.