Capturan alcalde de Villa de Leyva por presunta extorsión en trámite de licencia de construcción

La Fiscalía capturó al alcalde Víctor Alfonso Gamboa el 7 de mayo de 2026 por presuntamente exigir dinero, contrataciones y aumentos salariales a cambio de expedir una licencia de construcción. Las autoridades lo acusan de concusión y prevaricato por acción. Este es el segundo proceso judicial contra el mandatario en lo que va del año, tras otra investigación por irregularidades contractuales iniciada en enero.
El alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, fue capturado el pasado 7 de mayo tras una investigación de la Fiscalía que lo señala de haber abusado de su cargo para beneficiarse personalmente. Según las autoridades, habría exigido indebidamente a una empresaria interesada en desarrollar un proyecto inmobiliario en el municipio que cumpliera con sus demandas a cambio de otorgarle una licencia de construcción.
De acuerdo con la Fiscalía, Gamboa sostuvo múltiples encuentros presenciales y comunicaciones por mensajes de texto y notas de voz con la representante legal de la empresa. En esos intercambios, presuntamente pidió primero la contratación de una persona allegada suya, luego solicitó aumentar el salario de esa persona y finalmente exigió una suma de dinero. Para la Fiscalía, cada una de estas solicitudes estaba condicionada a la expedición de la licencia de construcción que el proyecto necesitaba.
El caso será llevado ante un juez de control de garantías donde se le imputarán los delitos de concusión, que es la exigencia indebida de dinero aprovechando el cargo, y prevaricato por acción, que se refiere a extralimitarse en las funciones públicas. Gamboa enfrenta posibles penas de entre 64 a 216 meses de cárcel, además de multas e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Este no es el único proceso que afronta el alcalde en 2026. En enero pasado, la Fiscalía ya le había imputado cargos por la celebración de contratos que presuntamente incumplieron los requisitos legales. En ese momento, Gamboa se defendió explicando en La FM que el contrato cuestionado era por 13 millones de pesos y buscaba mejorar la maquinaria municipal, pero nunca fue ejecutado ni generó daño patrimonial. Cuestionó entonces la investigación, señalando que se indagaba un acto administrativo que ni siquiera pasó de la etapa precontractual. "En este oficio del servicio público no ha sido la primera vez que me adelantan procesos de investigación", expresó en su momento, agregando que siempre ha trabajado en cargos públicos y que respeta el proceso de la Fiscalía.
Fuente original: La FM - Colombia


