Cuando cayó Walter Francisco Martínez Martínez, la Fiscalía destapó una de las operaciones más complejas de contrabando y lavado de dinero que ha visto Colombia en años. Todo apunta a que este hombre fue la pieza central de una estructura que durante más de 13 años movió ropa interior, juguetes, cosméticos y otros productos desde China y Panamá, mientras escondía a los verdaderos dueños de un negocio que generó cientos de miles de millones en ganancias ilícitas.

Según los investigadores, Martínez figuraba como representante legal de al menos siete empresas que aparentemente eran legales, pero funcionaban como simples papeles. Una de ellas se llamaba Modamundo. Estas compañías tenían un propósito muy específico: traer mercancía al país de manera sospechosa, con trucos en las aduanas, movimientos financieros turbios, y luego vender toda esa mercancía en las tiendas de Lili Pink-Fast Moda S.A.S. La expansión a más de 400 sucursales desde 2014 fue clave en todo esto, porque permitía "dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito", como lo describe la Fiscalía.

El modus operandi era ingeniero pero brutal. Primero, creaban estas empresas fachada con socios que no tenían un peso. La Fiscalía reveló casos absurdos, como un conductor que aparecía como accionista mayoritario de compañías vinculadas al esquema. Luego, estas sociedades "de papel" realizaban cerca de 1.900 operaciones de importación y exportación desde el exterior. La mercancía llegaba con precios artificialmente bajos (subfacturación) y movimientos aduaneros irregulares. Una vez dentro del país, los productos se vendían masivamente en los locales de Lili Pink, convirtiendo dinero sucio en dinero que parecía limpio.

Pero había más trucos. Cuando a una empresa le iba bien, la cerraban dejando deudas tributarias y aduaneras a su nombre, mientras abría otra sociedad para continuar la operación. Los activos valiosos saltaban de una compañía a otra, pero las obligaciones se quedaban en las que desaparecían. Las ganancias se sacaban del país a través de transferencias complejas y pagos entre compañías que buscaban borrar cualquier huella del dinero real.

La Fiscalía calcula que esta estructura permitió lavar más de 730 mil millones de pesos. Además, el enriquecimiento ilícito ronda los 430 mil millones, y el contrabando documentado supera los 75 mil millones. Las autoridades también decomisaron mercancía por más de 54 mil millones. Como medida de control, afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, en operativos realizados en 59 ciudades de 25 departamentos.

Lo más ingenioso del esquema era que los verdaderos dueños nunca aparecían. La fiscal del caso fue clara en las audiencias: "Los verdaderos dueños se habrían ocultado". Lo que hicieron fue poner "chivos expiatorios" como representantes legales y accionistas, mientras ellos permanecían en la sombra, controlando todo desde afuera. Eso es lo que ahora investiga la justicia: quiénes eran los cerebros reales detrás de esta máquina de lavar dinero que operó durante más de una década.