El congresista Wadith Alberto Manzur Imbett se presentó ante la Fiscalía General de la Nación después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura en su contra. Los cargos que enfrenta son cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, delitos presuntamente cometidos cuando era miembro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso durante el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de 2023.

Manzur reaccionó a través de redes sociales manifestando su posición frente a los señalamientos. "Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades. Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley", escribió el congresista.

Según las investigaciones, Manzur habría aceptado dádivas de funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a cambio de emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito del Gobierno. Lo que se conoce es que durante septiembre, octubre y noviembre de 2023 coordinó reuniones con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, buscando la aprobación rápida de seis créditos internacionales. Además, habría ejercido presión sobre María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda en ese entonces, para aprobar recursos por 50 mil millones de pesos destinados a un proyecto en el municipio de Cotorra, Córdoba, llegando incluso a proporcionar los contactos del contratista y el alcalde.

El esquema funcionaría de la siguiente manera: la Comisión Interparlamentaria debería aprobar los seis créditos internacionales mientras que la UNGRD aprobaría tres contratos entre los que estaba el de Manzur Imbett. Los contratos estaban destinados a los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, con un valor superior a los 92 mil millones de pesos. Sin embargo, el escándalo de los carrotanques en La Guajira estalló antes de que estos contratos pudieran ser suscritos en febrero de 2024.

Lo que refuerza las acusaciones contra Manzur es la existencia de videos captados por cámaras de seguridad del Ministerio de Hacienda que muestran sus visitas al recinto para entablar conversaciones con altos funcionarios y con Bonilla. En ese mismo material audiovisual, a las que tuvo acceso Noticias Caracol, aparece también la congresista Karen Manrique caminando por los pasillos del lugar. Estos registros serían una prueba clave de la presencia de Manzur y de otros miembros de la Comisión Interparlamentaria como Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, todos acusados de vender su voto a cambio de beneficios personales.