La captura llegó rápido. Apenas tres días después de que Cristian Herrera cayera abatido a balazos en las calles de Cúcuta, un equipo integrado por el CTI de la Fiscalía, la Sijín de la Policía Metropolitana y el Gaula Militar logró detener a tres personas señaladas de estar directamente vinculadas con su asesinato. El operativo se concretó el martes 9 de junio en las inmediaciones de la terminal de transportes, donde el principal sospechoso intentaba gestionar su fuga.

De acuerdo con reportes locales, el presunto sicario fue encontrado en un establecimiento comercial del barrio Pueblo Nuevo. Las autoridades indican que el hombre estaba en plena preparación para abandonar la ciudad en las siguientes horas. Junto a él fueron aprehendidos un hombre y una mujer que, según la investigación inicial, habrían cumplido funciones de seguimiento, logística y transporte para llevar a cabo el atentado. Los tres han sido trasladados al búnker de la Fiscalía y comparecerán ante un juez de control de garantías para que les imputen homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El crimen ocurrió el sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental. Herrera, de 48 años, visitaba a su familia y fue atacado cuando iba a entrar a la casa de su suegra a almorzar. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre en motocicleta le disparó nueve veces entre la cabeza y la espalda. A pesar de recibir atención médica inmediata, no sobrevivió al trayecto hacia el hospital.

Cristian Herrera no era un periodista cualquiera en Cúcuta. Pasó más de 23 años trabajando en La Opinión, donde se especializó en investigaciones sobre justicia y orden público. Su trabajo le costó caro: desde 2003 comenzó a recibir amenazas de muerte que lo obligaron a buscar refugio en Chile entre 2004 y 2005. A lo largo de su carrera enfrentó intimidaciones de sectores como paramilitares, Los Rastrojos y el ELN. En 2017 ya había sido víctima de un ataque directo contra el vehículo blindado de la UNP en el que se transportaba.

En el momento de su muerte, Herrera trabajaba en comunicaciones de la Secretaría de Hacienda de Norte de Santander y mantenía vínculos con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Su muerte ha generado un rechazo generalizado en los gremios periodísticos del país. Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que ayudara a esclarecer este homicidio.