Dos personas fueron capturadas en Bogotá e Ibagué acusadas de cometer delitos sexuales contra una menor de edad y de participar en el almacenamiento y comercialización de material de explotación sexual infantil. El operativo fue realizado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, y contó con el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) tras varios meses de investigación adelantada por el Grupo Investigativo contra los Delitos Sexuales y la Familia. Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

La denuncia inicial llegó a las autoridades el 19 de mayo de 2025, cuando la madre de la víctima se presentó a reportar los hechos. De acuerdo con las investigaciones, los abusos habrían ocurrido entre 2019 y 2021, periodo en el cual la menor tenía entre 11 y 13 años. La pareja capturada habría aprovechado una relación de confianza para cometer los abusos y registrar fotográficamente lo sucedido. Posteriormente, ese material era almacenado, comercializado y distribuido a través de diferentes plataformas digitales.

En mayo de 2025, la víctima comenzó a recibir mensajes intimidantes a través de redes sociales. Según las autoridades, presuntamente era presionada para enviar nuevo material íntimo bajo la amenaza de divulgar las imágenes capturadas años atrás. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, explicó que "el rastro digital de los perfiles administrados en el extranjero permitió establecer que los dinamizadores operaban desde territorio estadounidense". Esta situación facilitó la activación de mecanismos de cooperación internacional con el FBI para identificar a los responsables y establecer posibles conexiones con redes transnacionales dedicadas a este tipo de delitos.

La Fiscalía General imputó a los detenidos por proxenetismo con menor de edad, pornografía con personas menores de 18 años, actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Un juez de control de garantías legalizó las capturas e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y aseguró que continuará fortaleciendo las investigaciones contra los delitos sexuales y la explotación infantil en entornos digitales.