La Fiscalía General de la Nación sacudió a la administración pública con el desmantelamiento de una estructura de corrupción que habría desviado más de 496 mil millones de pesos en recursos de regalías. Nueve personas fueron capturadas en un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación, acusadas de ser parte de una red que operaba desde la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) para direccionar contratos hacia intereses particulares.

Según explicó Madeleyne Pérez Ojeda, directora Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, los implicados habrían usado a Aremca como pantalla para obtener avales de alcaldías y gobernaciones, luego orientando esos mismos contratos hacia beneficiarios privados. Entre los capturados están Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Saéz Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. Las capturas se realizaron en Arauca, Barranquilla y Cantagallo.

El alcance de esta red fue impresionante. La investigación documentó 101 contratos por obras civiles, interventorías y programas ambientales, de saneamiento, agricultura y alimentación distribuidos en Casanare, Magdalena, Santander y La Guajira. En Arauca se habría dado una apropiación indebida de más de 3.200 millones de pesos, además de la presunta omisión en el pago de una contribución cercana a 14 mil millones correspondiente a tributos de obra pública.

En La Guajira, el impacto es particularmente doloroso. Durante la administración del alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes se ejecutó un millonario contrato con Aremca para sembrar palmeras en la playa de Riohacha, pero hoy muchas de esas especies están secas o en mal estado. Aunque permanecen las estructuras de protección donde fueron plantadas, el proyecto parece haber presentado fallas graves en su planificación y seguimiento. Los riohacheros perdieron esa inversión que debería haber mejorado su entorno.

Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para que les imputen delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público. La Fiscalía indicó que este caso hace parte de las acciones priorizadas del Grupo de Tareas Especiales enfocado en judicializar hechos de corrupción relacionados con regalías.