Un paso más adelante en la investigación que conmocionó al Tolima y puso el tema de la protección infantil en el centro del debate nacional. Laura Valentina López Muñoz, madre de la pequeña Mía Cataleya, fue capturada en las últimas horas en el casco urbano de El Espinal. La Fiscalía General de la Nación confirmó que será presentada ante un juez de control de garantías para ser imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual. Según los entes acusadores, la mujer desatendió completamente sus deberes de cuidado, protección y custodia de la bebé, quien vivía en un entorno de alta vulnerabilidad.

Lo que parecía ir por un camino ahora toma otro rumbo con los resultados del Instituto de Medicina Legal. El dictamen técnico-científico reveló información distinta a la que inicialmente dijeron autoridades locales y nacionales. Los médicos forenses concluyeron que el cuerpo de Mía Cataleya "no presentaba rastros ni violencia de tipo sexual". La verdadera causa de muerte fue una neumonía severa que se complicó de manera irreversible por el descuido continuado de su estado de salud en el entorno donde vivía.

Pero el panorama es aún más complejo. Aunque se descartó el abuso sexual, los análisis forenses "acreditaron y dejaron registrados múltiples traumas corporales y actos de agresión física visibles en los miembros superiores e inferiores de la bebé", presuntamente ocasionados por un hombre que en estos momentos está siendo identificado por los organismos de inteligencia.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades cuando la madre llevó a la bebé en brazos a urgencias del hospital San Rafael de El Espinal. Por el estado crítico y las lesiones, Mía Cataleya fue trasladada de emergencia a una clínica especializada en Ibagué, donde finalmente falleció tras varios días de batalla por su vida.

La responsabilidad no recae solo en la familia. La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva contra la Regional Tolima del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) tras detectar "presuntas fallas y demoras en la activación oportuna de las rutas de protección previas al deceso". El órgano de control exigió al instituto reforzar la cobertura con defensores de familia y equipos interdisciplinarios durante 24 horas, además de fortalecer la articulación con comisarías y hospitales.

Desde la Defensoría del Pueblo también se pronunciaron. Sus portavoces calificaron la agresión como inadmisible y "equiparable a una forma de tortura". Un caso que deja clara la urgencia de mejorar los sistemas de protección a la infancia en el país y de que todos los actores institucionales cumplan con sus responsabilidades.