Después de varios meses de búsqueda, la justicia logró capturar a dos de las cinco personas señaladas de participar en el asesinato de Juan Felipe Rincón Morales. Se trata de Andrés Camilo Sotelo Torres y Yeimy Tatiana Vega López, quienes fueron ubicados en el Tolima tras una orden de captura que había sido emitida anteriormente. Ambos tenían paradero desconocido hasta que las autoridades lograron dar con ellos.

El crimen de Juan Felipe ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. El joven, hijo del general William Rincón, fue contactado por redes sociales bajo el pretexto de encontrarse con una adolescente. Lo que comenzó como un encuentro virtual terminó siendo un entrampamiento que le costó la vida. Cuando llegó al sector donde lo citaron, fue interceptado por varias personas, entre ellas Sotelo Torres, quien recibió la imputación por homicidio doloso agravado.

La investigación de la Fiscalía determina que nada en este caso fue casual. De acuerdo con los registros, el plan se habría gestado entre el 13 y el 24 de noviembre, utilizando contactos digitales y la participación de una menor de edad para convencer a Juan Felipe de asistir al encuentro. Durante la confrontación que se generó en el barrio Quiroga, el joven recibió un disparo que le causó la muerte. Su escolta intervino en el enfrentamiento, pero no pudo evitar la tragedia.

Además de Sotelo Torres y Vega López, en el proceso aparecen vinculados Katherine Andrea Sotelo, Solanggye Trujillo Devia y Juan Sebastián Ávila. Cada uno enfrenta cargos relacionados con su rol en los hechos: mientras Sotelo Torres responde por homicidio, los demás están siendo investigados por tortura, uso de menores, ocultamiento de evidencia y soborno a testigos.

El caso ha tenido varios giros en el camino judicial. Sotelo Torres fue capturado en un primer momento, pero recuperó su libertad en diciembre de 2024. Ahora, con estas nuevas capturas, la Fiscalía avanza en traer a los procesados ante la justicia. Lo que sigue es la legalización de las detenciones y las audiencias correspondientes, donde la carga de la prueba recaerá sobre el ente acusador para demostrar la responsabilidad de cada uno, siempre manteniendo la presunción de inocencia que reconoce la ley.