La Fiscalía General de la Nación golpeó con fuerza en La Guajira. Mediante la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales logró desbaratar lo que los investigadores consideran una presunta red de corrupción enquistada en la DIAN seccional de Riohacha. Cuatro empleados de la entidad terminaron capturados en la ciudad después de que se comprobara que estaban usando sus posiciones para extorsionar a comerciantes y permitir que entrara mercancía ilegal al país.

Tres de los capturados, Ladys María Benítez Orcasita, Carlos Emiliano Pérez Gómez y Jorge Enrique Ariza Vivero, trabajaban juntos en un esquema de presión. Según lo que documentó la investigación, detectaron supuestas inconsistencias tributarias en una clínica de salud mental y usaron eso como pretexto para apretar. Exigieron el pago de 100 millones de pesos para evitar sanciones que podrían haber llegado a los 1.500 millones. Cuando la representante legal se negó, los tres funcionarios respondieron con represalias administrativas, embargos bancarios y actos arbitrarios que buscaban asfixiar el negocio.

El cuarto implicado, Erwin Yasser Escudero Rondón, tenía un rol distinto pero igualmente grave. Su trabajo consistía en servir como informante de organizaciones delictivas. Les avisaba sobre los operativos que la aduana iba a realizar en la Troncal del Caribe para que pudieran moverse con libertad. Además, se le atribuye la devolución de mercancía que había sido aprehendida y la simulación de incautaciones falsas de cigarrillos para beneficiar estructuras ilegales.

Los cuatro funcionarios fueron capturados en Riohacha y un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales les imputó delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, prevaricato por acción y cohecho propio. La Fiscalía tiene en sus manos al menos seis reuniones documentadas donde ocurrieron los hechos, pero los procesados rechazaron los cargos. Las investigaciones continúan para establecer si hay más funcionarios metidos en este entramado de corrupción que operaba en la región.