La captura de Jefferson Sánchez Correa, alias El Mono, marca un golpe más contra la red de reclutamiento forzado de menores que opera en el oriente colombiano. La Fiscalía lo judicializó luego de que comunidades indígenas y poblaciones vulnerables en Guaviare y Vaupés denunciaran sus actividades criminales al servicio de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la investigación, Sánchez Correa, supuesto miembro del frente Iván Ríos, operaba desde hace años con un método depredador bien estructurado. Desde marzo de 2022 se dedicó a contactar menores de edad, estudiaba cuidadosamente sus vulnerabilidades, mapeaba sus círculos familiares y educativos, y después los envolvía en promesas falsas, dinero fácil o directamente con amenazas para que se unieran al grupo armado.

El expediente que construyó la Fiscalía deja un rastro desolador: hay menores reclutados que no sobrevivieron al reclutamiento. Uno de ellos murió el 30 de marzo de 2025 durante un enfrentamiento en Solano, Caquetá. Otro fue asesinado en agosto de 2024 en Vaupés después de intentar abandonar un campamento del grupo armado.

Más allá del reclutamiento ilícito, Sánchez Correa es acusado de imponer normas a sangre y fuego en las comunidades, cobrar pagos cuando consideraba que había incumplimientos, y de participar en la planeación de homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó concierto para delinquir agravado, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, extorsión, financiación del terrorismo y porte de armas de uso restringido.

El procesado rechazó los cargos en la audiencia de imputación, pero un juez ordenó su encarcelamiento mientras continúa el proceso penal en su contra.