Una operación coordinada entre las autoridades colombianas y organismos internacionales permitió desmantelar una red dedicada a la explotación sexual de menores. En total fueron capturadas once personas acusadas de producir y distribuir material de abuso infantil dirigido a compradores en el extranjero.

Los detenidos fueron ubicados en dos países. Tres de ellos se encuentran en Estados Unidos, mientras que los ocho restantes fueron capturados en territorio colombiano: siete en Medellín y uno en Cartagena. Según los investigadores, la red operaba transmitiendo en directo los actos de abuso sexual contra los niños, incluso cuando estos eran cometidos por miembros de sus propias familias.

Las víctimas eran extremadamente jóvenes. Los investigadores identificaron a menores desde los 10 meses de edad hasta los 13 años, todos sometidos a actos de violencia brutal con el propósito de generar material que satisficiera a los clientes extranjeros. Estos niños fueron rescatados y puestos bajo protección institucional para garantizar el resguardo de sus derechos.

La estructura criminal utilizaba herramientas tecnológicas sofisticadas para llevar a cabo sus operaciones. Empleaban plataformas de mensajería convencionales, canales cifrados y transmisiones en tiempo real para comunicarse con los consumidores de este material ilegal, muchos de los cuales residían en el exterior.