Una operación coordinada entre la Dijin de la Policía Nacional y la Fiscalía General desarticuló una red de estafadores que le robaba dinero a los colombianos más necesitados. En procedimientos simultáneos realizados en tres ciudades del país, las autoridades capturaron a 11 personas acusadas de desviar más de 3 mil millones de pesos que el Departamento de Prosperidad Social destinaba para subsidios a familias en condición de vulnerabilidad.

La banda funcionaba de manera organizada y especializada. Según las autoridades, los miembros de la red utilizaban un sistema ingenioso de fraude: suplantaban la identidad de verdaderos beneficiarios y manipulaban sistemas biométricos para reemplazar las huellas dactilares legítimas por las suyas. De esta manera lograban retirar el dinero sin que nadie se diera cuenta. El coronel Elver Vicente Alfonso, director de la Dijin e Interpol en Colombia, explicó que la investigación tomó más de un año y permitió identificar a más de 334 víctimas y decenas de denuncias.

Los programas sociales afectados incluían iniciativas importantes como Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y ayudas destinadas a víctimas del desplazamiento forzado. La estructura delictiva tenía roles muy definidos: unos reclutaban a participantes, otros suplantaban identidades y otros hacían los cobros. Las autoridades identificaron a alias "Yeimar" como el presunto cabecilla de toda la operación.

Lo que comenzó como delincuencia en Medellín y municipios de Antioquia se expandió hacia otras regiones del país. La red estableció puntos en Ibagué, Montería y Barranquilla donde fabricaban documentos de identidad falsos y accedían ilegalmente a sistemas informáticos. Durante los allanamientos, los investigadores encontraron y decomisaron computadores, teléfonos, discos duros, lectores biométricos, máquinas laminadoras y otros elementos que utilizaban para cometer sus delitos.

Los 11 capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías que legalizó las detenciones. La Fiscalía les imputó cargos graves: concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos, abuso de confianza calificado y falsedad personal. Con esta operación, las autoridades buscan recuperar recursos que debían estar llegando a familias que verdaderamente los necesitaban.