Un golpe contra la corrupción que afecta a los más necesitados. Las autoridades judicializaron a once personas por participar en una red criminal que habría desviado más de 3.000 millones de pesos en subsidios que debían llegar a familias vulnerables del país.

Según la investigación, el grupo operaba mediante técnicas sofisticadas. Utilizaban suplantación de identidad y manipulaban registros biométricos para presentar reclamaciones fraudulentas ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). De esta manera conseguían que el Estado les transfiriera recursos que nunca llegaban a quienes realmente los necesitaban.

Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte aparece como el presunto cabecilla de esta estructura delictiva. Pero no trabajaba solo. Las autoridades también vincularon al caso a María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goe, quienes habían accedido a las bases de datos del sistema para facilitar los cobros irregulares.

El operativo que desarticuló la red fue resultado de una denuncia interpuesta por una empresa de giros. Durante los allanamientos, los investigadores incautaron computadores, celulares, lectores biométricos y otros equipos que la banda utilizaba para ejecutar el fraude.

La justicia ha tomado medidas diferenciadas con los capturados. Cinco de ellos fueron enviados a prisión, mientras que los otros seis permanecerán en detención domiciliaria en tanto avanza el proceso judicial que determinará su responsabilidad en este caso que afecta recursos destinados a la población más vulnerable del país.