La captura de Walter Francisco Martínez Martínez el 26 de abril en Barranquilla abrió la puerta a uno de los escándalos más complejos de contrabando y lavado de dinero que ha tocado en años a una empresa colombiana. La Fiscalía lo presenta como el eslabón clave de una operación que presuntamente funcionó durante más de 13 años, moviendo mercancía desde China y Panamá hacia Colombia mientras ocultaba quiénes ganaban realmente con el negocio. Todo parece estar conectado con LiliPink-Fast Moda, la marca de ropa interior y accesorios que llegó a tener más de 400 tiendas desde 2014 en el país.

Según los investigadores, la estructura operaba en fases bien definidas. Primero creaban empresas que parecían ser negocios legales pero en realidad eran papel mojado. "Las empresas eran constituidas con accionistas de bajo perfil o presuntos testaferros", explicó la Fiscalía en las audiencias. Los detectives encontraron casos increíbles: personas sin un peso visible figuraban como socios mayoritarios, e incluso un conductor aparecía como accionista de empresas vinculadas al caso. Luego estas compañías importaban ropa, juguetes, cosméticos y otros productos desde el exterior, usando casi 1.900 declaraciones de importación y exportación. El truco estaba en cómo lo hacían: subfacturas (declaraban precios más bajos de los reales) y movimientos aduaneros irregulares que permitían evadir controles.

Una vez el producto llegaba a Colombia, lo vendían en tiendas reales asociadas a LiliPink, lo que les permitía convertir dinero sucio en ingresos que parecían legales. Pero el esquema era aún más sofisticado. Las ganancias se sacaban del país mediante operaciones financieras complejas entre empresas, y cuando alguna compañía ya había cumplido su propósito la cerraban dejando deudas tributarias y aduaneras atrás. Los activos sobrevivían, pero el dinero desaparecía junto con la empresa. La DIAN ya tenía alertas desde 2017 sobre estos patrones extraños: movimientos internacionales raros, estructuras empresariales sin respaldo económico real, y ese ciclo continuo de abrir y cerrar sociedades.

Los números que maneja la Fiscalía son escalofriantes. Hablan de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones, posible contrabando por más de 75.000 millones, y mercancía decomisada avaluada en 54.000 millones más. Las medidas cautelares afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 ciudades de 25 departamentos. Lo más oscuro es que los verdaderos dueños nunca aparecían en los papeles. "Los verdaderos dueños se habrían ocultado", aseguró la fiscal durante la audiencia. Utilizaban gente que servía de pantalla mientras los controladores reales manejaban todo desde las sombras.

Martínez enfrenta cargos por concierto para delinquir, lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. El no aceptó los cargos. La Fiscalía pidió que permaneciera en la cárcel argumentando riesgo de fuga, posible destrucción de pruebas e influencia sobre testigos. Advirtieron incluso que algunos de los investigados ya habrían salido del país.

Por su parte, LiliPink rechazó todas las acusaciones. La empresa aseguró que "No existe una declaratoria judicial que lo confirme" y que se trata de "una controversia jurídica en curso". Afirmó que toda su mercancía cuenta con declaraciones de importación, pagos soportados y documentación legal. También cuestionó las cifras públicas de la Fiscalía, diciéndole al país que esas cantidades no coinciden con los valores reales de los procedimientos administrativos. El abogado Iván Cancino, quien defiende a la compañía, aclaró que aunque hay investigaciones abiertas en lo penal y en extinción de dominio, aún no existe una sentencia que establezca responsabilidades definitivas. La audiencia de medida de aseguramiento contra Martínez continuará el 11 de mayo mientras siguen avanzando tanto la investigación penal como los procesos de extinción de dominio.