La llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud dejó una huella clara en el funcionamiento de la entidad. Durante una visita sorpresa a una droguería en Santa Marta, su delegado de Protección al Usuario, Juan David Duque, fue directo: "La instrucción (...) ha sido clara: los medicamentos se entregan y no hay razón para que no se los entregue a cada uno de ustedes. Estamos haciendo inspecciones en 25 departamentos en este momento". Sin embargo, lo que parecía una simple orden de trabajo se convirtió en algo distinto. Según fuentes internas consultadas por EL COLOMBIANO, Quintero fue nombrado en este cargo para ejercer presión sobre los actores del sistema de salud y proyectar una imagen de gestión frente a la crisis. Solo que esa gestión, dicen los informantes, tiene tintes electorales.

El "Plan 100", lanzado para realizar cien visitas en 25 departamentos, se presentó como una cruzada contra el supuesto acaparamiento de medicamentos. Pero una fuente de alto nivel en la Supersalud explica que el operativo tiene dos objetivos simultáneos. Primero, descongestionar las quejas y reclamos de usuarios (que aumentaron de 322,03 a 420,83 por cada 10.000 afiliados entre noviembre pasado y ahora) para aliviar uno de los puntos débiles del Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales. Segundo, servir como termómetro político. Las visitas se concentraron en ciudades clave como Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, donde Quintero y su equipo pudieron medir el panorama electoral. De hecho, los hallazgos en las dos últimas ciudades dejaron preocupados a los funcionarios por el crecimiento de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella.

El verdadero problema, sin embargo, está en otra parte. El discurso oficial habla de sabotaje por parte de gestores farmacéuticos y empresas aseguradoras que retienen medicamentos, pero la realidad es más compleja. La Corte Constitucional ya determinó que la Unidad de Pago por Capitación (UPC, el dinero que el Estado gira a las aseguradoras) es insuficiente desde 2024. Cuando ese flujo de recursos se quiebra o no alcanza para atender la demanda, toda la cadena se detiene. Los gestores farmacéuticos no despachan medicamentos no por mala fe, sino porque las aseguradoras les deben dinero y no hay confianza en el sistema. Como dice el exministro Alejandro Gaviria en declaraciones a EL COLOMBIANO, esos recursos los "maneja con autonomía el agente interventor en medio de una comunicación con quien sea el superintendente, aunque puede haber interferencia en decisiones sobre a quiénes se le paga, cuáles contratos se firman, qué tarifas usa y a quiénes les da liquidez".

Lo que genera más inquietud en los pasillos de la Superintendencia es quién acompaña a Quintero en esta misión. El exalcalde llevó a la institución a cuatro colaboradores suyos de Medellín, todos con antecedentes cuestionables. Juan David Duque enfrentó un escándalo por malversación de fondos de la alcaldía en cenas de lujo y fue declarado insubsistente por el Concejo de Medellín. Esteban Restrepo está indiciado en cuatro investigaciones penales por injuria, calumnia y peculado, además de acusaciones de usar vehículos oficiales para uso personal. Jhonatan Estiven Villada ha pasado por múltiples entidades sin especialización clara: desde el Hospital General de Medellín hasta la Aeronáutica Civil, sin tener experiencia en ese sector. Sergio Andrés López Muñoz, quien fue secretario de Planeación de Quintero, enfrenta juicio por el escándalo del lote de Aguas Vivas. Para contratar a López como asesor, Quintero tuvo que modificar el manual de funciones de la Superintendencia, ofreciéndole un salario de 14 millones de pesos mensuales.

El desconocimiento en temas de salud es tal que una de las fuentes relata que Quintero tuvo una discusión acalorada con una ejecutiva de una EPS intervenida durante una reunión, sin manejar los conceptos básicos. "No tiene ni idea de lo que habla", fue el comentario que dejó tras ese encuentro. Tan grave es la falta de experiencia que la entidad se vio obligada a ofrecer un cargo a una funcionaria que estuvo 10 años en la Supersalud, porque Duque no podía manejar ni siquiera los procesos básicos de respuesta a peticiones, quejas y reclamos. Trabajos importantes que venía adelantando la institución, como liquidaciones y fusiones de EPS, están paralizados por las prioridades electorales.

La Superintendencia firmó hace poco un contrato por 3.667 millones de pesos para pagar tiquetes aéreos nacionales e internacionales. Este detalle, junto con todo lo anterior, alimenta la percepción entre empleados de que las prioridades están desalineadas.

Quintero enfrenta un juicio por peculado por apropiación y prevaricato por acción, delitos que ponen en duda su capacidad de dirigir una entidad que maneja entre 4 y 5 billones de pesos mensuales. Su permanencia en el cargo dependerá de lo que suceda en las elecciones presidenciales. Si Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, llega a la Presidencia, las fuentes están divididas: tres afirman que Quintero saldrá por conflictos con Carolina Corcho, exministra e influyente en el sector salud; pero otra sostiene lo contrario, basándose en conversaciones que ha escuchado donde Cepeda muestra respeto y afinidad con el presidente Petro, lo que podría significar continuidad en los cargos de su círculo cercano.