Por primera vez en este gobierno, la regulación del cannabis de uso adulto logró pasar sin tropiezos por una comisión del Congreso. El martes 12 de mayo, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el primer debate del Proyecto de Ley 023 de 2025, una iniciativa que busca cambiar radicalmente la forma en que Colombia enfrenta esta sustancia.

El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, está detrás de esta propuesta que promete "regular desde la semilla hasta el producto terminado". En un video publicado en redes sociales, Ocampo explicó que la meta principal es proteger a los menores y desmantelar los negocios ilegales. "Vamos a alejar la marihuana de las calles para que solamente se pueda vender en lugares donde hay que ingresar con cédula, con permiso y con licencias", señaló.

Lo interesante de este proyecto es que no olvida a quienes históricamente han cultivado cannabis en Colombia. El 70% de las licencias de cultivo irían para comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que tienen tradición con la planta. Además, al menos la mitad de la flor que se distribuya legalmente tendría que venir de estos grupos. Se cobraría un impuesto del 20% sobre el consumo, aplicado al precio de venta.

Los detalles de cómo funcionaría son bastante estrictos. Los adultos podrían comprar máximo 20 gramos de flor o 5 gramos de concentrados al día. Nada de publicidad, excepto en espacios digitales solo para mayores. Los empaques tendrían que llevar advertencias sanitarias en amarillo y rojo que ocupen la mitad del empaque. El consumo estaría prohibido a 100 metros de escuelas, parques, centros deportivos o iglesias, y obviamente durante la conducción. Se permitiría cultivar hasta 20 plantas en casa para uso personal sin vender.

Para vigilar todo, se crearía un sistema digital de trazabilidad que conectaría ministerios de Justicia, Salud, Agricultura y Educación. Un aspecto clave es que modificaría el Código Penal: lo que hoy es delito contra la salud pública dejaría de serlo si está regulado. Además, quienes tienen procesos o condenas solo por cannabis podrían pedir salir de la cárcel y limpiar sus antecedentes.

Pero aquí viene lo complicado. Este es el noveno intento de regulación desde 2020. Los ocho anteriores quedaron en el camino, archivados sin gloria. Aunque pasó unánimemente por la comisión, todavía necesita un segundo debate en la plenaria de la Cámara y luego ir al Senado. Si no avanza rápido, el trámite podría quedar para la siguiente legislatura que empieza el 20 de julio de 2026. Sería entonces el décimo intento, y Colombia seguiría esperando una política de cannabis que funcione.