Después de que se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial y se confirmó el balotaje entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, surgió una pregunta incómoda: qué sucede con los millones de pesos en dinero público que el Estado entregó a candidatos que quedaron por fuera de la segunda ronda. Un análisis realizado por Transparencia por Colombia sacó a la luz que, contrario a lo que podría pensarse, estos candidatos no necesariamente tienen que devolver esa plata.

La cifra es considerable. Durante la última semana de campaña, el Estado desembolsó alrededor de 21.567 millones de pesos en anticipos a siete candidaturas presidenciales, entre ellas las de Claudia López, Mauricio Lizcano, Sergio Fajardo, Santiago Botero y Sondra Macollins Garvin. Sin embargo, según los resultados electorales, únicamente Sergio Fajardo logró superar el umbral del 4% de votos válidos que exige la ley para acceder al mecanismo de reposición de gastos. Los demás candidatos quedaron por debajo.

Aquí viene lo interesante: el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 establece una excepción específica para las elecciones presidenciales. Mientras que otras campañas sí están obligadas a devolver los anticipos si no alcanzan el umbral, para presidenciales la ley dice que "No habrá lugar a la devolución del monto recibido por concepto de anticipo, siempre que hubiere sido gastado de conformidad con la ley". Eso significa que las campañas presidenciales que no pasaron el corte "no están obligadas a devolver automáticamente la totalidad de los recursos recibidos".

Pero espere, no es que se queden con la plata sin más. Lo que realmente importa ahora es que demuestren que cada peso fue usado de forma legal y solo en gastos autorizados por la normatividad electoral. Las campañas deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral sus informes detallados de ingresos y gastos, que serán sometidos a auditoría. Además, estos recursos tienen una distribución específica: el 68,6% debe ir a propaganda electoral y el 31,4% a otros gastos de campaña. Todo debe estar respaldado con contratos, facturas, comprobantes de pago y documentación que permita verificar su legalidad.

"La devolución no depende del resultado electoral sino de la correcta ejecución y comprobación de los recursos", señala el informe de Transparencia por Colombia. En otras palabras, un candidato que quedó fuera puede quedarse con la plata si logra justificar ante el CNE que la gastó correctamente. Solo habría que devolver aquellos recursos que no logren ser acreditados mediante gastos de campaña legalmente realizados y debidamente soportados.

Mientras tanto, las dos campañas que sí avanzan a la segunda vuelta llevan números considerables. Iván Cepeda Castro reporta ingresos por 15.000 millones de pesos y gastos por 21.619 millones. Abelardo de la Espriella registra ingresos por 36.000 millones de pesos y gastos por 38.495 millones. En conjunto, ambas campañas suman más de 51.000 millones en ingresos y más de 60.115 millones en gastos, concentrando una parte significativa de los recursos movilizados durante toda la primera vuelta. La mayor parte de ese dinero se ha invertido en propaganda electoral.