Colombia lleva meses inmersa en una campaña presidencial donde la seguridad suena en cada mitin, cada discurso, cada propuesta. Pero una pregunta incómoda flota en el ambiente: ¿realmente entienden los candidatos el tipo de violencia que destroza al país hoy, o siguen vendiendo soluciones para un país que ya no existe?

Ese es el interrogante que lanza la Fundación Ideas para la Paz (FIP) tras revisar en detalle las propuestas de seguridad de los cinco aspirantes que encabezan la contienda: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Y la respuesta no tranquiliza. El análisis revela que la realidad del crimen en Colombia cambió completamente. La violencia organizada ya no funciona con las estructuras rígidas y centralizadas de hace veinte años. Ahora los grupos criminales operan de forma fragmentada, flexible y adaptable, tejiendo conexiones simultáneas con economías ilegales y sectores legales, expandiendo su control territorial y financiero sin que el Estado logre contenerlos.

Lo que espera al próximo gobierno que llegue a la Casa de Nariño en agosto de 2026 es un escenario particularmente complejo. Habrá más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y redes criminales con presencia e influencia en casi la mitad de los municipios colombianos. La tecnología también cambió las reglas del conflicto. Según cifras del Ministerio de Defensa, en los últimos tres años se registraron más de 500 ataques con drones, mientras el Estado aún intenta responder con estructuras tradicionales que quedaron obsoletas.

El escenario humanitario es devastador. El impacto del año pasado triplicó las cifras de 2024, afectando a más de 1.600.000 personas. Se registraron 908 casos de reclutamiento forzado de menores, el desplazamiento forzado creció 85%, el secuestro se disparó 133% y el confinamiento aumentó 12% respecto a 2024. Los cultivos de coca alcanzaron 253.000 hectáreas con una productividad que creció 53%, generando más de 2.600 toneladas potenciales de clorhidrato de cocaína. Pero el narcotráfico es solo una parte del problema. Hay minería ilegal, tráfico de fauna y flora, tráfico de armas, acaparamiento de tierras, contrabando y extorsión. Una economía criminal que se estima participa con 4,2% del PIB colombiano.

Todo esto ocurre mientras el Estado está quebrado. El Presupuesto de 2026 fue aprobado por 547 billones de pesos, pero falta financiación por 16,3 billones asociada a una ley que no prosperó. El déficit proyectado es de 6,2% del PIB. La síntesis de la FIP es contundente: "El próximo gobierno no recibirá una chequera en blanco para financiar su estrategia de seguridad, sino un Estado con necesidades crecientes, bajo margen de maniobra y una presión constante por reducir déficit, mejorar ejecución y recuperar la confianza ciudadana".

Cepeda apunta a la seguridad humana, pero sin claridad fiscal. Espriella promete ruptura total con plazos de 90 días que parecen imposibles. Valencia pide 60.000 uniformados nuevos sin explicar cómo sostenerlo. Fajardo busca territorializar la seguridad pero deja sin respuesta por qué priorizaría ciertos lugares. López propone reformas institucionales profundas, pero las transformaciones estatales toman años mientras la criminalidad avanza. Todos reconocen que hay un problema grave, todos hablan de control territorial, crimen organizado, cárceles y justicia. Pero ninguno responde con precisión tres preguntas básicas: por dónde empezar cuando el Estado no tiene capacidad de intervenir simultáneamente todos los territorios, cuál es la teoría de cambio real si más soldados no siempre generan más seguridad y más cárceles no necesariamente reducen el crimen, y con qué dinero se financia todo esto en un presupuesto asfixiado.

La FIP lo resume de manera clara. Las propuestas que prometen simultáneamente más Fuerza Pública, más cárceles, más tecnología, más programas sociales, reducción de impuestos y ajuste fiscal son, en realidad, "programas políticamente atractivos, pero administrativamente frágiles". El desafío real no es hacer más ni empezar desde cero. Es "hacer mejor, de manera articulada y con un uso más estratégico de las capacidades disponibles". En otras palabras: es ordenar la casa.