En plena carrera hacia las elecciones presidenciales de Colombia, el candidato Santiago Botero Jaramillo se vio envuelto en una controversia judicial que lo vincula con un presunto caso de violencia intrafamiliar. Su esposa, la artista Manuela Echeverri Hoyos, lo denunció ante las autoridades competentes, lo que resultó en la emisión de una medida de protección a favor de ella.

El conflicto tomó dimensiones más concretas cuando funcionarios de la comisaría de familia junto con uniformados de la Policía metropolitana se presentaron en un apartamento ubicado en el sector de Bocagrande de Cartagena. El operativo tenía un objetivo claro: garantizar que se cumpliera la medida de protección y restituir el inmueble familiar a la mujer y al hijo menor de edad que vive con ella.

Ante las acusaciones, Botero salió al paso negando los señalamientos en su contra y argumentó que no existen pruebas que sustenten las denuncias que pesan sobre él. Sin embargo, su expareja mantuvo su versión de los hechos, señalando que al parecer habría soportado meses de violencia durante la relación.

La situación ilustra cómo en tiempos de campaña electoral, los candidatos no quedan exentos de enfrentar dilemas personales y legales que trascienden el ámbito privado y terminan bajo escrutinio público en momentos críticos del proceso electoral.