La aspiración presidencial de Sondra Macollins se enfrenta a una ola de escrutinio público tras revelaciones que vinculan empresas del círculo político que la respalda con contratos estatales de gran magnitud. Según una investigación publicada por EL TIEMPO, compañías como Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam habrían obtenido acuerdos con entidades públicas nacionales que superarían los 1,3 billones de pesos en los últimos años.

Los números, aunque grandes, tienen un significado práctico: es dinero público que se suponía debía ejecutarse bajo reglas claras y competencia abierta. El director de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ha señalado que estas compañías operarían dentro de lo que se conoce como esquemas de "contrataderos", una modalidad donde empresas intermediarias ejecutan contratos estatales sin seguir adecuadamente los procedimientos que exige la ley.

Los contratos son concretos: Aldesarrollo firmó acuerdos por 131.000 millones de pesos con la Unidad para las Víctimas y 109.000 millones con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Sumaron además 52.000 millones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y 38.000 millones del Instituto Colombiano Agropecuario. Más allá de las cifras, lo que preocupa a sectores políticos y de control es que varias de estas empresas registran como domicilio el mismo inmueble en Usaquén, norte de Bogotá, donde se lanzó el movimiento político de Macollins.

Las autoridades adelantan investigaciones judiciales por posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos y contratación sin requisitos legales. Aunque estas indagaciones no están dirigidas directamente contra Macollins, su vinculación al entorno empresarial cuestionado ha alimentado el debate en medio de la campaña.

El panorama se complica aún más por la trayectoria de Macollins como abogada penalista. Ha representado a David Murcia Guzmán, fundador de DMG Grupo Holding, empresa responsable de uno de los mayores escándalos financieros del país por captación ilegal de dinero mediante esquemas piramidales. También defendió a Carlos Lehder, exjefe del cartel de Medellín, y a 'Martín Sombra', señalado como carcelero de secuestrados en las Farc. Macollins ha argumentado que su participación en estos casos responde al derecho fundamental a la defensa jurídica.