La Cancillería salió al paso de los cuestionamientos sobre el contrato interadministrativo para la producción de pasaportes, reiterando que todo está en orden y cuenta con los respaldos necesarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el proceso incluye la producción, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, junto con la impresión de etiquetas de visa, y que se encuentra "debidamente amparado" sin irregularidades en materia de garantías.

Un punto importante en la defensa del Ministerio tiene que ver con las pólizas. De acuerdo con la Ley 1150 de 2007, estas garantías no son obligatorias en los contratos interadministrativos. Sin embargo, la Cancillería decidió exigirlas de todas formas, atendiendo a recomendaciones de los entes de control y siguiendo lo que se había hecho en procesos anteriores de pasaportes. La Imprenta Nacional de Colombia buscó entonces que aseguradoras privadas expidieran estas pólizas, pero la mayoría rechazó la solicitud, lo que obligó a buscar otras opciones.

Ante la negativa del sector privado, la entidad evaluó las condiciones que ofrecía La Previsora, la aseguradora pública. El resultado fue que se modificó el contrato para garantizar pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual ajustadas a las realidades del mercado. Según el Ministerio, estos cambios se hicieron respetando los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad pública.

La Cancillería también dejó claro que toda la documentación está disponible para que los ciudadanos la consulten en la plataforma SECOP II, lo que forma parte de los estándares de publicidad que rigen la contratación estatal. Con esta medida, dice, busca "fortalecer la confianza ciudadana y garantizar el control social sobre los procesos contractuales".

Finalmente, el Ministerio reafirmó su compromiso con la ejecución del nuevo modelo de pasaportes en el país, insistiendo en que las decisiones se han tomado con base en criterios técnicos y legales, todo con el objetivo de asegurar que los colombianos sigan teniendo acceso a documentos oficiales sin interrupciones.