Mientras miles de colombianos se quejan porque no pueden renovar su pasaporte o apostillar documentos por culpa de las fallas del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), la Cancillería ha estado gastando una cantidad impresionante de dinero en contratar personal externo. Según reveló Caracol Radio, entre agosto de 2025 y abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio contrataron a 464 empresas y personas por 101.400 millones de pesos en operación, personal y servicios. Una cifra que ni siquiera incluye la impresión de pasaportes.

Lo preocupante es que esta montaña de dinero no ha servido para resolver los bloqueos y caídas del sistema que tienen a la ciudadanía desesperada. Cuando la entidad ha tenido que explicar por qué el sistema falla constantemente, culpa a ataques informáticos externos. Pero aquí viene lo interesante: en los contratos del Secop aparecen ocho convenios de ciberseguridad que suman 533 millones de pesos, precisamente para evitar ese tipo de problemas. Si sumamos esto con el soporte técnico y desarrollo de aplicaciones, llegamos a 5.773 millones de pesos invertidos en proteger la infraestructura tecnológica a través de 75 personas y empresas contratadas.

El gasto más llamativo está en un ejército de abogados. La Cancillería desembolsó 10.340 millones de pesos para pagar a 91 abogados encargados de asesoría legal y representación judicial. Es prácticamente un bufete jurídico paralelo funcionando dentro de la entidad. Además, hay una maquinaria completa de comunicaciones: 28 contratos que cuestan 2.859 millones de pesos destinados a manejar la imagen institucional y producir contenidos para redes sociales. Mientras los usuarios afectados no tienen respuestas, el ministerio tiene gente dedicada a difundir su gestión.

Lo que queda claro con estos números es que la Cancillería no tiene un problema de presupuesto. Tiene un problema de resultados. Cada uno de esos contratos puede tener sus justificaciones técnicas sobre el papel, pero la realidad en la calle es que el sistema sigue sin funcionar como debe. Los colombianos siguen esperando sus pasaportes mientras millones se gastan en contratistas que, hasta ahora, no han podido entregar lo que prometen.