La Asociación Diplomática y Consular de Colombia acudió a la Procuraduría para poner la lupa sobre lo que considera un gasto sin control en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre agosto de 2025 y enero de 2026, la Cancillería suscribió 1.053 contratos de prestación de servicios por aproximadamente 83.742 millones de pesos, principalmente para asesorías. Lo que más preocupa a la asociación es que la mayoría de esos recursos se concentraron en enero de 2026: 785 convenios por más de 77.000 millones de pesos, justo antes de que entrara en vigor la ley de garantías. Para los denunciantes, este volumen levanta interrogantes sobre si realmente se necesitaban todos esos contratos y en ese momento.

Lo curioso del asunto es que esto choca de frente con lo que viene diciendo la canciller Rosa Villavicencio: que el ministerio está en crisis financiera y necesita aplicar medidas de austeridad para mantener su funcionamiento. Mientras ella advierte sobre la falta de recursos, los números muestran una contratación acelerada que la asociación considera innecesaria y oportuna.

Los detalles que señalan son contundentes. Se cuestionan dos contratos de 253 millones de pesos cada uno para asesorías jurídicas en la Dirección de Talento Humano, cuando la Cancillería ya cuenta con oficinas internas especializadas en eso. También está el caso de un contrato por 215 millones de pesos otorgado a Claudia Marisol Moreno, esposa del representante Heráclito Landínez, para posicionar la imagen del país en sostenibilidad y transición energética. Hay otro problema: al menos 28 contratos tenían como propósito garantizar el cumplimiento de la política exterior en derechos humanos y derecho internacional humanitario, responsabilidades que la asociación dice que ya recaen sobre funcionarios de planta.

La situación se repite en la Academia Diplomática, donde se firmaron cerca de 84 contratos para trabajos que consideran rutinarios, como divulgar la carrera diplomática, algo que antes se hacía con recursos propios. Mientras tanto, la Dirección de Asuntos Consulares, la que atiende colombianos en el exterior y maneja la logística electoral, apenas obtuvo tres contratos, todos relacionados con Colombia Nos Une.

Este cuestionamiento a la Cancillería forma parte de un fenómeno más amplio. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha enfrentado críticas recurrentes por sus volúmenes de contratación. En solo enero, entre el 1 y el 28, se suscribieron 85.826 contratos por 5,1 billones de pesos. Eso significa que en promedio se firmaban cerca de 3.100 contratos al día, una cifra que refuerza las denuncias sobre contrataciones aceleradas sin mayor trámite. Otras entidades como el Ministerio del Trabajo, la Dapre y el Fondo de MinIgualdad también han estado en la mira por el mismo tema.

Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá hoy representante a la Cámara electo, expuso la denuncia en redes sociales. En su mensaje señaló que "la crisis no existe para la burocracia" y criticó el ritmo de contratación, advirtiendo que aún faltaba información de los últimos dos días de enero. "El derroche en contratos de presentación de servicios para alimentar la campaña de Cepeda y el Pacto Histórico es absolutamente vergonzosa", escribió. El contraste es evidente: mientras la administración habla de crisis fiscal y austeridad, las cifras muestran una máquina de contratación que no se detiene.