Lo que pudo haber sido un simple conflicto de convivencia terminó siendo una pesadilla de un año para una familia canadiense en Nueva Galicia, Santa Marta. Desde marzo de 2025, Dave Rivard y sus vecinos comenzaron a reportar un problema que se volvería cada vez más grave: músicas a volumen ensordecedor y trabajos de mecánica de motocicletas que superaban ampliamente los límites permitidos. Las mediciones llegaban hasta 116,3 decibeles, cifra que habla por sí sola sobre la intensidad del ruido que convivía con este sector residencial.

Rivard no estuvo solo en su lucha. Otros 16 vecinos firmaron una petición conjunta para que las autoridades actuaran. Las quejas llegaron a la Inspección de Policía de Bastidas, al Dadsa (autoridad ambiental) y a la Policía Metropolitana. En octubre de 2025, el Dadsa incluso exigió medidas para controlar el ruido y las emisiones. Pero aquí está el punto débil: según Rivard, ninguna orden se cumplió en el territorio. Los meses pasaron sin cambios reales.

La situación se fue tornando más oscura conforme avanzaban los meses. En diciembre de 2025, el canadiense reportó no solo ruido extremo sino también fallas al llamar al 123 y episodios de intimidación dirigidos contra él y su familia. El 6 de febrero, según su versión, desapareció un equipo de grabación que había instalado en su casa para documentar lo que estaba ocurriendo.

El momento más tenso llegó el 26 de marzo de 2026. Ese día, Rivard se acercó junto a su esposa y un familiar a solicitar que le devolvieran el equipo. Lo que pasó después quedó registrado en un certificado médico: fue golpeado por varias personas, reducido al suelo e intentaron estrangularlo. Las lesiones incluían hematomas, sangrado nasal y una fractura en el hueso nasal que lo dejó con siete días de incapacidad. Para empeorar las cosas, después de la agresión llegaron hombres en motocicleta con actitud amenazante.

El 27 de marzo formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales. Pero aquí surge otro problema que Rivard señala: mientras que su esposa y su suegra fueron identificadas por la Policía, los presuntos agresores no fueron plenamente identificados. Más grave aún, asegura que uno de ellos amenazó directamente a su familia, diciéndoles que saben dónde viven y que podrían atacarlos "cuando menos lo esperen".

Hoy, meses después de la agresión, Rivard vive bajo una nube de temor. El caso sigue sin resolverse y, según él, las autoridades no han garantizado la seguridad de su familia. Por eso decidió hacer pública su historia: solicita protección, una investigación rigurosa y acciones concretas que restauren la tranquilidad en Nueva Galicia. Lo que comenzó como un conflicto de ruido se ha convertido en un asunto de seguridad personal que exige respuestas urgentes de las instituciones.