La carrera presidencial de Abelardo De La Espriella sigue enfrentando obstáculos legales. Mientras logró que un juzgado revocara la medida que le prohibía usar la camiseta de la selección Colombia, ahora pelea contra otra orden judicial que ordena retirar de toda su campaña los eslóganes "Defensores de la Patria" y "Firmes por la Patria". Esta segunda decisión, tomada por el magistrado Rafael Alberto Chavarro del Tribunal Superior de Bogotá, sigue en análisis en la Corte Suprema de Justicia.

El equipo legal de De La Espriella no deja pasar estas decisiones. El director jurídico de la campaña, Germán Calderón España, fue tajante al calificar la orden como "arbitraria, caprichosa, inconstitucional, ilegal y desproporcionada". Señaló que el magistrado actuó fuera de sus competencias, ya que las medidas cautelares en asuntos electorales deben adoptarse en sala, no de manera individual. Además, recordó que el Consejo Nacional Electoral ya había aprobado previamente tanto el nombre como el eslogan del movimiento mediante actos administrativos que aún están vigentes.

La abogada penalista Sharon Nicole Castillo fue contundente con su análisis: "Acá no hay ningún derecho fundamental que se esté vulnerando". Explicó que el argumento del accionante se reducía a una simple riña y que, si hubiera sido necesaria alguna intervención, debería haber sido el Consejo Nacional Electoral quien actuara. El abogado penalista Iván Cancino reforzó esta posición señalando que la camiseta de Colombia no es un símbolo patrio sino un bien que pertenece a Adidas y a la Federación Colombiana de Fútbol, lo que habría dejado sin piso jurídico la medida inicial.

Lo más complejo es que ambos juristas coincidieron en algo: la orden de retirar la publicidad resulta de imposible cumplimiento apenas días antes de las elecciones. "¿Cómo logramos recoger toda la publicidad que ya se encuentra colgada, repartida y difundida?", cuestionó Castillo. Calderón denunció además que algunos alcaldes, principalmente del Pacto Histórico, habrían ido personalmente a las sedes de campaña a retirar la publicidad, y que varios medios de comunicación comenzaron a quitar sus pauta al acatar el fallo.

Las consecuencias para el magistrado Chavarro podrían ser serias. Los abogados consultados advierten que enfrenta posibles acciones disciplinarias, investigación penal por prevaricato e incluso una acción de repetición en su contra. Cancino fue enfático: "Estoy absolutamente seguro de que esos perjuicios se van a cobrar". La campaña ya anticipa una demanda de reparación directa contra el Estado por los daños causados, argumentando que el fallo, en lugar de garantizar derechos, vulneró la libertad de expresión, la libertad electoral y el principio de igualdad.