La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella acudió ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, con una solicitud formal en la que pide que el Ministerio Público intervenga para vigilar y proteger las garantías democráticas durante la segunda vuelta presidencial. La petición fue presentada por Carlos Andrés Ríos Puerta, gerente de campaña, y Nicolás Farfán Namén, gerente electoral, quienes argumentan que en los últimos meses ha habido una "progresiva escalada" de pronunciamientos y actuaciones desde el Gobierno que afectarían la neutralidad institucional.

Los dirigentes de la campaña denuncian que varios ministros del despacho presidencial, incluyendo los titulares de Interior, Salud, Educación y Trabajo, han asumido "de manera abierta y reiterada" posiciones propias de una campaña electoral, utilizando para ello la visibilidad y autoridad que derivan de sus cargos públicos. También se quejan de lo que llaman una presunta utilización de espacios institucionales para promover narrativas políticas y de controversias relacionadas con el sistema público de medios RTVC.

Un punto central de la solicitud se enfoca en declaraciones atribuidas al presidente de la República. Según denuncian, la situación alcanzó su punto más alto cuando el mandatario, en publicaciones a través de canales oficiales, identificó a uno de los candidatos presidenciales, promovió una alianza política para derrotarlo y llamó a la movilización de votantes. Después de la primera vuelta, el presidente expresó que "Se necesitan tres millones de votos más" y anunció que "yo mismo me pondré al frente" de la campaña.

Para la campaña de De la Espriella, estas actuaciones contrastan con la responsabilidad del cargo presidencial. En su comunicación sostienen que "No habla un dirigente partidista. No habla un jefe de campaña. Habla el Jefe del Estado, el Jefe del Gobierno y la Suprema Autoridad Administrativa de la República". El documento advierte que estas conductas no serían compatibles con las funciones presidenciales.

Los representantes de la campaña aclaran que no buscan promover acciones disciplinarias contra el mandatario, pero sí solicitan que la Procuraduría ejerza sus facultades de vigilancia, prevención e intervención para proteger la transparencia y la imparcialidad electoral. Respecto a los ministros y demás funcionarios públicos, afirman que la Procuraduría tiene competencias plenas para adelantar investigaciones y adoptar medidas preventivas.

La campaña también expresó preocupación por las acusaciones reiteradas de fraude electoral formuladas por el presidente, así como por cuestionamientos dirigidos a autoridades electorales y otros actores del proceso democrático. Los representantes de De la Espriella advierten que se observa "una conducta continuada que involucra a distintos integrantes del Gobierno Nacional" y esperan que haya vigilancia especial sobre posible utilización de recursos públicos para interferir en esta segunda vuelta presidencial.