La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella salió al paso de los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en la recolección de firmas para su inscripción. A través de un comunicado, el movimiento Defensores de la Patria rechazó categóricamente las versiones que circulan sobre el tema y reafirmó que su candidatura cumple todos los requisitos establecidos por la ley.

En el pronunciamiento, el equipo de campaña fue enfático al señalar que "no existe ningún fundamento serio para generalizar acusaciones ni para poner en duda candidaturas legítimas". La campaña argumenta que no hay base jurídica para revocar la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, asegurando que las causales legales simplemente no se configuran en este caso.

La polémica comenzó cuando un ciudadano presentó ante el CNE una solicitud para revocar la inscripción de De La Espriella, argumentando presuntas inconsistencias en las firmas. El CNE abrió entonces una etapa preliminar de verificación en la que se practican pruebas y se solicita información a entidades competentes, pero hasta ahora no ha existido una decisión de fondo.

La campaña fue clara al afirmar que no existe posibilidad jurídica de revocar la inscripción de su candidato, argumentando que esa figura no aplica para aspirantes a la Presidencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Explicó que las causales de revocatoria están limitadas a lo que establece la Ley 1475 de 2011, que incluye inhabilidades e inhabilidades sobrevinientes, escenarios que la campaña sostiene no se presentan en este caso.

Frente a las dudas sobre la recolección de apoyos, el movimiento citó información de la Registraduría Nacional del Estado Civil que señala que solo dos grupos significativos de ciudadanos habrían presentado inconsistencias en sus firmas. La campaña aclaró que esas observaciones no incluyen al grupo que respalda la candidatura de De La Espriella.

Con esta defensa, la campaña insiste en que no existe fundamento jurídico para cuestionar la inscripción del candidato y que esta se mantiene en firme, sin que exista impedimento legal ni riesgo de afectación a su aspiración presidencial.