La historia de Lina Marcela Castillo y Hollman Morris tiene varios capítulos confusos. Todo comenzó en 2019, cuando ella trabajaba en el equipo de prensa del entonces concejal de Bogotá y denunció acoso sexual y laboral. Según su relato, Morris le hacía comentarios de contenido sexual sobre su ropa y, en un momento, le pidió que se sentara a su lado para tocarle las piernas sin consentimiento.

La respuesta de Morris fue contundente: la demandó penalmente por injuria y calumnia, argumentando que todo era falso y que buscaba dañar su buen nombre. Hasta ahí, la Fiscalía en 2023 decidió investigar a Castillo como la acusada, no a Morris como el presunto agresor. Una decisión que dejó a muchos desconcertados.

Pero esta semana la Fiscalía dio un giro importante. Reasignó el caso a un despacho especial y emitió un comunicado clave: reconoció que existe lo que llama un "efecto silenciador" cuando un presunto agresor demanda a la víctima por injuria y calumnia. En las palabras de la Fiscalía, eso tiene un propósito bien claro: "que esta no tenga un efecto 'silenciador' en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor cuando, en realidad, la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección".

Lo interesante es que la Corte Constitucional ya había reconocido que lo que hizo Castillo —denunciar públicamente el acoso— es un ejercicio legítimo de libertad de expresión.

El caso de Castillo no está solo. El 22 de marzo, un grupo de 40 mujeres entre periodistas, escritoras y abogadas publicó un comunicado señalando que Morris ha usado un patrón sistemático para silenciar a mujeres que lo acusan. Entre las firmantes están María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro. Ellas subrayan algo importante: cuando Castillo denunció, fue ella quien terminó siendo investigada, no Morris. Eso la revictimizó y le negó las condiciones que debería tener como posible víctima.

En una audiencia anterior, la defensa de Castillo pidió que se cerrara parte de la investigación porque ella se había retractado de algunas afirmaciones de 2019, específicamente sobre un atropellamiento de su camioneta de seguridad que le causó 15 días de incapacidad. Un juez rechazó la solicitud porque el caso seguía en trámite.