La decisión de cambiar de contratista en Hidroituango durante la gestión del exalcalde Daniel Quintero terminó siendo más costosa de lo que se imaginaba. De acuerdo con una auditoría especial realizada por la Contraloría General de Antioquia, ese cambio habría significado una pérdida para el erario público de más de 108 mil millones de pesos. El ente de control identificó posibles fallas en la planeación del proceso contractual que fue responsabilidad de EPM.

Juan Carlos Herrera Toro, contralor general de Antioquia, explicó que después de revisar lo que pasó durante 2022 y 2023 en el cambio de contratista encontraron hallazgos que apuntan a una posible responsabilidad fiscal de EPM. "Revisamos que ocurrió en el cambio de contratista durante el año 2022, 2023. Encontramos finalmente que hay un posible hallazgo de responsabilidad fiscal para EPM, que tendrá que ser investigado por la Contraloría Distrital Medellín", señaló.

Los sobrecostos que detectó la Contraloría se originaron en mayores cantidades de obra ejecutada y en valores que terminaron siendo superiores a lo que se había presupuestado inicialmente. Todo eso incidió directamente en el incremento de los costos finales del megaproyecto hidroeléctrico.

El alcalde Federico Gutiérrez aprovechó estos hallazgos para señalar que algunas de las personas responsables de lo que llamó "ese desastre" ahora ocupan cargos importantes en el Gobierno nacional. Mencionó específicamente que el exgerente de EPM fue nombrado por el presidente Petro como gerente de ISA, entidad que administra recursos críticos. "Lo más indignante es que varios de los responsables de ese desastre hoy están protegidos por Petro y manejando recursos de la salud de millones de colombianos", expresó.

La auditoría no solo identificó el hallazgo fiscal de mayor envergadura. También encontró dos hallazgos administrativos relacionados con el seguimiento financiero del proyecto. Debido a que todo está vinculado con EPM, la Contraloría General de Antioquia remitió el caso a la Contraloría Distrital de Medellín, que ahora tendrá a su cargo determinar si hay responsabilidades concretas por los presuntos sobrecostos de Hidroituango.