Si dependiera solo de la voluntad de Carlos Camargo Assís, la emergencia económica que el Gobierno Petro decretó hace poco no tendría futuro. El magistrado de la Corte Constitucional, exdefensor del pueblo, ya dejó clara su posición en el sentido de fallo que radicó ante sus compañeros. Este jueves, 9 de abril, la Sala Plena retomará el expediente que tiene frenado el Decreto 1390 de 2025, aunque el camino está obstaculizado por varios recursos que el Gobierno interpuso para tumbar la suspensión provisional de la medida.

La Corte Constitucional había suspendido la emergencia el 29 de enero con seis votos a favor y apenas dos en contra. Camargo fue uno de los magistrados que respaldó esa decisión inicial. Ahora, la corporación debe resolver en primer lugar los recursos de nulidad que la Presidencia y otras instituciones radicaron pidiendo anular la suspensión. El Ejecutivo, a través del secretario jurídico de Casa Nariño, Augusto Ocampo, sostiene que la medida cautelar "desconoció la cosa juzgada" y vulneró el principio de legalidad. El Gobierno argumenta que en 1994 la Corte Constitucional ya había emitido un pronunciamiento definitivo sobre los estados de excepción que debería ser inmutable y vinculante.

Sin embargo, en los despachos de los otros magistrados los ánimos podrían no ser tan radicales. El procurador general, Gregorio Eljach, aunque reconoce que la emergencia es inconstitucional, advirtió sobre la necesidad de preservar sus efectos en la financiación de la salud. La defensora del pueblo, Iris Marín, planteó una posición similar. Ambos advierten que el sistema de salud atraviesa una crisis seria. Las EPS reportan una siniestralidad del 109,5 por ciento, es decir, que sus costos superan sus ingresos. La Adres proyecta girar 101 billones de pesos en 2026 para la Unidad de Pago por Capitación, el monto que el Estado paga a las EPS por cada persona afiliada, pero la cifra no alcanza para cerrar los déficits acumulados. "La garantía del derecho a salud, especialmente para las poblaciones más vulnerables, enfrenta un escenario crítico", escribió la Defensoría en febrero.

El Gobierno justifica la emergencia argumentando que es necesaria no solo para cumplir las órdenes de la Corte en materia de salud, sino también para pagar sentencias de reparación y reforzar la seguridad de líderes sociales. Por mandato constitucional, la Corte debe revisar automáticamente si cualquier estado de excepción se ajusta a la Constitución o si es arbitrario. El Decreto 1390 dedica quince páginas y media a justificar su necesidad.

La Sala Plena tiene hasta el 16 de abril para emitir un fallo de fondo. Mientras tanto, la emergencia permanece suspendida. El historial del Gobierno en estas materias no es alentador: en octubre de 2023 la Corte tumbó la emergencia en La Guajira, y en abril de 2025 declaró parcialmente inconstitucional la conmoción interior en Norte de Santander y Cesar.