La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes acató una medida disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación contra la representante Gloria Elena Arizabaleta. La decisión genera tensiones en el Congreso, especialmente considerando el contexto en el que se produce: está vinculada al controversial proceso en el que la Procuraduría había decretado la suspensión del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría comunicó a la Cámara una providencia del 10 de junio de 2026 ordenando la suspensión provisional de Arizabaleta del cargo. Según la medida, la congresista permanecería suspendida "hasta el 20 de julio de 2026, fecha en que culmina el período constitucional para el cual fue electa (2022-2026)". En respuesta, la Mesa Directiva resolvió suspender provisionalmente la condición congresional de la representante y declarar la falta temporal en el ejercicio de sus funciones.

La decisión ha generado advertencias sobre una posible extralimitación de funciones. Algunos sectores cuestionan cómo se ha manejado esta cadena de acciones disciplinarias que involucra tanto al Ejecutivo como al Legislativo, especialmente en un contexto político tan convulsionado.