La tragedia que cobró la vida de dos turistas hace poco más de una semana en las aguas de San Andrés encendió las alarmas en el sector empresarial. La Cámara de Comercio del Archipiélago respondió con un llamado urgente a las autoridades para que se sienten alrededor de una mesa y hagan algo que, según ellos, debería haberse hecho hace tiempo: organizar de verdad las actividades marítimas en las islas.

El 10 de junio, una lancha chocó violentamente contra un pontón turístico que llevaba 14 visitantes. Del impacto resultaron dos muertes y dos personas lesionadas. Fue un golpe duro para la industria del turismo insular, pero también la gota que rebosó el vaso para quienes dirijen la gremial.

Jennifer Yepes Brun, presidente ejecutiva de la Cámara, y Randy Bent Hooker, presidente de su Junta Directiva, no perdieron tiempo. El 13 de junio ya habían enviado un oficio dirigido a la gobernadora (e) Vilma Jay López, al comandante del Cesyp y al capitán de Puerto de San Andrés, solicitando una convocatoria "urgente" para esta reunión técnica. "Estamos a la espera que nos confirmen fecha para esta reunión, ya que la intención es articular esfuerzos a ver si por fin hacemos algo", subrayó Yepes.

Lo que preocupa a la Cámara va más allá de un accidente puntual. En la misiva oficial señalaron que "lo acontecido no constituye un hecho aislado" y que se suma a otros incidentes que revelan un problema de fondo: el uso desorganizado del espacio marítimo. Dicen que en esas aguas conviven actividades formales, informales e incluso ilegales, y que hay un incumplimiento reiterado de las normas por parte de quienes operan allí.

Para resolver esto, la gremial propone que en la mesa técnica se defina de manera concertada cómo organizar las actividades marítimas, se establezcan medidas concretas de control y vigilancia, se diseñen estrategias de prevención de riesgos, y se fortalezcan las campañas educativas dirigidas a navegantes. También sugieren que la Comisión Regional de Competitividad revise un proyecto de turismo náutico que podría traer recursos para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y las autoridades marítimas.

La Cámara dejó claro en su comunicado que entiende esto como un desafío colectivo que requiere trabajo coordinado entre instituciones y los distintos actores que operan en el mar. Ahora queda en manos de las autoridades civiles y militares responder a ese llamado.