La gestión de Bernardo Camacho como superintendente de salud terminó con una factura judicial que parece imposible de pagar. Según reportó Semana, el funcionario acumula multas por 2.117 millones de pesos solo entre enero y julio de 2025, derivadas de desacatos y fallos de tutela que la SuperSalud perdió durante su periodo al frente de la entidad. El representante legal Luis Fernando Bernal también enfrenta sanciones por 196 millones de pesos bajo los mismos conceptos. Estos valores ya fueron registrados en la oficina de Cobro Coactivo de la Rama Judicial.

Lo particular del caso es que Camacho no ha pagado estas multas porque simplemente no tiene cómo hacerlo. El valor de las deudas supera con creces el patrimonio que declaró cuando asumió el cargo. Esto, según la justicia, deja en evidencia que durante su administración hubo irregularidades graves que resultaron en fallos judiciales en contra de la SuperSalud. Las cifras fueron confirmadas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante un derecho de petición, información que llegó a manos de Patricia Riveros, una de las demandantes en los procesos que ahora avanzan contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo en la Comisión de Acusaciones.

Mientras Camacho se va, entra Daniel Quintero, el cuestionado exalcalde de Medellín, al cargo de Superintendente de Salud. El nombramiento fue hecho por Jaramillo cuando este ejercía como presidente encargado durante un viaje internacional del presidente Gustavo Petro. Pero la llegada de Quintero no ha sido tranquila. Luis Peláez, diputado de Antioquia, ya anunció públicamente: "Ya teníamos claro que iban a nombrar a Daniel Quintero superintendente. Sabemos también para qué lo hacen. Por esta razón empezamos a elaborar una demanda contra dicho nombramiento desde que inició el rumor. Ya tenemos el decreto, ahora ajustamos (estoy ya estudiando) y procedemos a interponerla. Deséenme éxitos y suerte".

La otra preocupación rodea el nombramiento de Camacho en primer lugar. Jaramillo está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones justamente por ese nombramiento, teniendo en cuenta que Camacho había sido agente interventor de Nueva EPS. Esto generaba un conflicto de intereses evidente, razón por la cual debió designarse a Luz María Múnera como superintendente ad hoc para ese caso específico.

Lo que antes paso desapercibido fue que Camacho participó en 9 reuniones a puerta cerrada en el Ministerio de Salud entre enero y marzo de 2025, citadas por Jaramillo y con agentes interventores de varias EPS: Nueva EPS, Famisanar, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud y Servicio Occidental de Salud. En esos encuentros, el ministro pidió reportes sobre flujo de recursos, contratación de servicios en la red pública y compra de medicamentos.

Quintero, en sus primeras acciones, ordenó "investigar a toda EPS que niegue medicinas" y afirmó que "Nueva EPS tiene que hacer la tarea y presentar un plan de choque, pero está lejos de ser la única o la peor". También señaló que "Sura, Savia, Sanitas, Compensar, Capital Salud y Comfenalco registran un peor desempeño" y dijo que "deben ponerse al día". Sin embargo, su nombramiento sigue generando dudas en expertos, gremios y sectores políticos que cuestionan su anterior gestión en Medellín, donde varios de sus exfuncionarios hoy enfrentan investigaciones judiciales.