Una organización delincuencial que operaba en Medellín y Montería fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación tras una investigación que reveló un sistema de fraude contra los más vulnerables. La red estaba especializada en desaparecer recursos públicos destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y beneficiarios de programas sociales. En el operativo fueron capturadas 11 personas implicadas en este esquema.

Lo que hacían era relativamente sofisticado pero criminalmente sencillo: conseguían información personal de los beneficiarios legítimos de estos subsidios y accedían ilegalmente a sistemas informáticos usando sus datos. Una vez dentro, suplantaban identidades y gestionaban el cobro de ayudas económicas que nunca llegaban a quienes realmente las necesitaban. Para hacerlo, manipulaban registros biométricos y credenciales robadas.

La investigación reveló números impactantes. Las autoridades contabilizaron más de 240 eventos fraudulentos en los que presuntamente desviaron más de 116 millones de pesos. Según la Fiscalía, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte era uno de los principales cabecillas de la operación, encargado de conseguir la información de las víctimas, definir los montos a robar y coordinar los retiros de dinero.

Durante los allanamientos, la Policía Nacional incautó ocho computadores portátiles, un lector de huellas digitales, varias tarjetas bancarias y otros elementos que servirán para profundizar en la investigación. Con este material buscan establecer si hubo más víctimas de las ya identificadas.

Los imputados fueron acusados de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de confianza. Un juez ordenó que cinco de ellos cumplan prisión inmediata en centro carcelario, mientras que los otros cinco están en detención domiciliaria. La Fiscalía continúa investigando para saber si hay más involucrados en este robo sistemático a gente que ya lo había perdido todo.