En un movimiento que ocurrió justo antes de recibir una sanción de la Procuraduría, Gloria Arizabaleta, quien presidía la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, logró redistribuir el proceso que adelanta contra el presidente Gustavo Petro. La asignación del caso siguió el orden alfabético y recayó en el congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien ahora tendrá la responsabilidad de estudiar la suspensión del cargo que Arizabaleta había decretado contra el mandatario.

Lo particular del caso es que aunque la Procuraduría aplicó una sanción temporal a Arizabaleta, ella logró remitir su decisión a la sala plena de la Comisión de Acusación presentándola como una "consulta". Esta figura jurídica genera dudas sobre su validez legal y es precisamente lo que Cadavid deberá revisar.

El proceso en cuestión investiga al presidente Petro por presunta participación en política, una conducta prohibida para funcionarios electos. La incertidumbre sobre la determinación adoptada por Arizabaleta deja abierta la puerta a que Cadavid deba definir si mantiene o modifica la suspensión decretada antes de que la exrepresentante fuera sancionada.