Los números hablan solos y pintan un panorama preocupante. Colombia está viviendo una crisis de salud tan profunda que los ciudadanos se ven obligados a acudir masivamente a los juzgados para defender su derecho a recibir atención médica. La Corte Constitucional acaba de publicar datos que muestran la magnitud del problema: en 2025 se presentaron 923.397 tutelas, la cifra más alta jamás registrada en el país.

Este número no salió de la nada. Desde 2020, cuando se presentaron 292.555 tutelas, la tendencia ha sido alcista y preocupante. Pasaron a ser 462.199 en 2021, luego 633.704 en 2022, continuó subiendo a 742.920 en 2023 y llegó a 912.614 en 2024. El patrón es claro: cada año los colombianos recurren más a los tribunales para que un juez obligue al sistema a atenderlos. Incluso este año la tendencia se mantiene acelerada. La Corte Constitucional indicó que "los despachos del país están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios" en lo que va de 2026.

Pero lo que más duele es ver cómo la salud domina las demandas. De esas casi 924 mil tutelas de 2025, nada menos que 312.567 fueron presentadas por problemas en el acceso a servicios de salud. Eso representa un aumento del 17,9 por ciento frente a 2024, cuando se radicaron 265.173. En otras palabras, hubo casi 47.400 expedientes más por este motivo. Más importante aún: una de cada tres tutelas presentadas el año pasado fue por alguna dificultad con la salud. Los números crudos dicen que los juzgados colombianos recibieron 856 tutelas diarias por temas sanitarios. Traducido a cada hora: 35 colombianos tuvieron que acudir a un juez para pedir que se respetara su derecho fundamental a la salud.

La realidad se hace más evidente cuando se mira por regiones. Los departamentos que más acudieron a los juzgados fueron Amazonas con 72 tutelas por salud, Arauca con 66, San Andrés Islas con 63, Caldas con 59, y tanto Risaralda como Vaupés con 54 cada uno. De cada 100 expedientes radicados ante la Corte Constitucional, 34 corresponden a demandas por el derecho a la salud.

La ironía más mordaz está en quién termina siendo demandado. Nueva EPS, la aseguradora que desde abril de 2024 está bajo intervención de la Superintendencia de Salud e administrada por el Gobierno, fue la entidad más accionada en 2025. Concentró el 12,6 por ciento de todas las tutelas radicadas en el país ese año. Le siguieron las secretarías de movilidad, tránsito y transporte con el 10,1 por ciento, y los juzgados con el 4,8 por ciento.

Los otros derechos que los colombianos defienden por vía de tutela ocupan un lugar muy lejano en comparación. El habeas data, relacionado con el uso de datos personales, registró 30.344 demandas, mientras que el acceso a la administración de justicia alcanzó 33.932. Cifras que palidecen frente a los cientos de miles que imploran a los jueces por un derecho que debería ser garantizado sin necesidad de sentencias judiciales.