Hay personas que cada mañana, antes de salir de casa, deben hacer un cálculo de riesgos. No es una decisión cualquiera sobre qué ropa ponerse o qué subir a las redes. Para muchas personas LGBTIQ+ en Colombia, mostrarse tal como son implica temer una agresión, una amenaza o una humillación pública. Esa violencia cotidiana, casi invisibilizada, es la que Caribe Afirmativo pone en el centro de su más reciente informe.

El documento, que lleva por título "Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+", es demoledor en sus números. Durante 2025 se registraron más de 4.000 hechos violentos en el país. Dentro de esas cifras están 270 homicidios y feminicidios. Estadísticamente hablando, cada 32 horas una persona LGBTIQ+ fue asesinada. Pero Caribe Afirmativo insiste en algo importante: reducir el problema solo a las muertes deja por fuera una realidad mucho más amplia y previa. La violencia comienza en el rechazo familiar, en la discriminación del día a día, en las amenazas que llegan por redes sociales, en ese miedo constante a ser señalado o expulsado de ciertos espacios.

Uno de los hallazgos que más preocupa tiene que ver con lo que debería ser un refugio: el hogar. Durante el último año se documentaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar contra personas LGBTIQ+. Las mujeres lesbianas y bisexuales concentraron la mayoría de reportes, aunque también hubo agresiones contra hombres gais, personas trans y personas no binarias. En muchos casos, los agresores son los más cercanos: padres, madres, abuelos, tíos o parejas. Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, hay una idea equivocada sobre dónde ocurre realmente la violencia. "Siempre hemos considerado, desde una visión tradicional, que la violencia está de las puertas de la casa hacia afuera", explicó en conversación con El Espectador. Pero para muchas personas diversas el peligro comienza exactamente dentro del hogar.

El informe describe situaciones que pocas veces llegan a una denuncia: jóvenes que esconden sus conversaciones para no ser descubiertos, personas que cambian el tono de voz para no ser objeto de burlas, mujeres trans que terminan abandonando sus casas porque simplemente ya no pueden estar allí. A eso se suma lo que ocurre en internet. Durante 2025 se registraron 1.184 amenazas y hostigamientos en redes sociales, espacios que se han convertido en campos de batalla donde circulan insultos, difusión de imágenes íntimas y ataques dirigidos. Varios de estos casos visaban a líderes y defensores de derechos humanos. La organización también documentó 628 casos de violencia sexual, 360 hechos discriminatorios, más de un centenar de episodios de violencia policial y varios casos de desaparición forzada y trata de personas.

Estos ataques no solo generan miedo inmediato. Castañeda lo explica con una frase que duele: "Las víctimas mueren tres veces". Primero en medio de la exclusión y la negación de derechos. Luego con la agresión física. Y finalmente con la indiferencia social frente a lo que pasó. Aunque Colombia cuenta con herramientas jurídicas como la Ley 1482 de 2011, conocida como Ley Antidiscriminación, que castiga actos que impidan o restrinjan derechos por orientación sexual, y la Ley 1761 de 2015 que tipificó el feminicidio con agravantes por razones de orientación sexual, el director de Caribe Afirmativo tiene una crítica frontal: "Llevamos más de 20 años dando cuenta de unos patrones criminales que son propios de la violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, y el Estado solo aparece cuando la persona está asesinada, agredida o amenazada". El principal problema, sostiene Castañeda, es que las instituciones reaccionan después de los hechos. "Es un Estado que sigue actuando cuando se viola el derecho, pero no logramos tener un Estado que aparezca para prevenir".

Hay un problema adicional que cierra el ciclo de impunidad: la falta de información oficial confiable. Caribe Afirmativo presentó más de 160 derechos de petición ante la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía y personerías territoriales para conseguir datos sobre violencias contra personas LGBTIQ+. De acuerdo con Castañeda, varias entidades entregaron respuestas incompletas o inconsistentes. "Más de 20 derechos de petición nos los entregaron con información inconclusa, contradictoria e incluso victimizante", señaló. Sin estadísticas confiables, es difícil que el Estado diseñe políticas públicas efectivas. Sin políticas de prevención, la violencia sigue siendo un ciclo que cobra vidas cada 32 horas.