El senador Iván Cepeda continúa provocando revuelo en el panorama político colombiano con su convocatoria a desobediencia civil pacífica contra el próximo gobierno. Hace poco visitó Cali, donde aprovechó para agradecer el apoyo que recibió el Pacto Histórico en la segunda vuelta presidencial. Pero lo que más llamó la atención fue su mensaje de resistencia: "He venido también a invitar a la población a que hagamos desobediencia civil pacífica contra el gobierno y contra el señor Abelardo de la Espriella", expresó durante su encuentro con seguidores en el Bulevar del Río.

Las palabras de Cepeda no tardaron en generar una respuesta directa. María Fernanda Cabal, excongresista vallecaucana, arremetió a través de redes sociales cuestionando la coherencia del senador. Según Cabal, existe una contradicción evidente: Cepeda llama a desconocer al Estado mientras sigue siendo parte de él, ocupando una curul en el Congreso y recibiendo un salario que supera los 50 millones de pesos mensuales, financiado precisamente con los recursos públicos del Estado contra el cual convoca a la desobediencia. Por "obligación moral", aseguró Cabal, Cepeda debería renunciar tanto a su cargo como a su salario.

Este cruce entre ambos dirigentes pone en evidencia las fracturas políticas que siguen marcando el país después de las elecciones. Mientras sectores del Pacto Histórico defienden la desobediencia civil como un mecanismo legítimo y pacífico para expresar inconformidad frente a decisiones del gobierno, la oposición advierte que este tipo de llamados pueden interpretarse como un desconocimiento directo de las instituciones democráticas y de lo que votaron los colombianos en las urnas.

El debate que dejó este nuevo enfrentamiento político toca un punto sensible: ¿dónde termina el derecho legítimo a la protesta y dónde comienza un cuestionamiento de la institucionalidad? Para unos, la desobediencia civil pacífica es una herramienta válida de resistencia cuando consideran que el gobierno actúa de manera injusta. Para otros, promover esto desde dentro de la estructura estatal genera una inconsistencia moral que no puede pasarse por alto.