El acoso escolar sigue siendo una preocupación en las aulas colombianas. Según un análisis reciente de la OCDE basado en datos educativos entre 2015 y 2022, Colombia no es el país con mayor intensidad de bullying entre las naciones evaluadas, pero tampoco ha logrado controlarlo. Lo más preocupante no es dónde estamos en el ranking mundial, sino quién sufre más: los estudiantes en condiciones de pobreza y vulnerabilidad son los más expuestos a estas conductas.

El impacto no es menor. Cuando un estudiante experimenta acoso, aumentan sus faltas a clase, pierde interés en los estudios y crece el riesgo de que abandone la escuela completamente. La OCDE subraya que "El acoso escolar —ya sea presencial o en línea— es una barrera persistente para una educación inclusiva y de alta calidad". Esto significa que el bullying no solo afecta al estudiante golpeado: también golpea la calidad educativa de toda una comunidad y genera costos económicos y sociales más amplios a largo plazo.

Hay un dato curioso en los números. Entre 2015 y 2018, el acoso escolar se intensificó, pero entre 2018 y 2022 bajó. Sin embargo, esa caída engaña: la pandemia redujo la interacción presencial entre estudiantes, así que hubo menos oportunidades para acosar. Ahora que los colegios operan con normalidad nuevamente, existe riesgo de que el bullying regrese a niveles más altos.

Por eso la OCDE insiste en que Colombia enfrenta un doble desafío. Primero, evitar que el regreso a la presencialidad complete consolide un repunte del fenómeno. Segundo, fortalecer mecanismos reales de prevención. El organismo aclara que el bullying no es solo cosa de estudiantes problemáticos: es un proceso social que responde a dinámicas más amplias, a normas escolares deficientes y a desequilibrios de poder que nacen en la institución misma.

Por eso el informe plantea que la solución no puede ser únicamente castigos individuales. Las escuelas necesitan estrategias universales de prevención combinadas con intervenciones focalizadas en grupos vulnerables. También pide crear sistemas de medición constante para monitorear cómo evoluciona el problema y si las políticas implementadas realmente funcionan. En otras palabras: no basta con tener buenas intenciones; hay que medir, ajustar y rendir cuentas.