Un juzgado bogotano impuso un día de detención contra Daniel Briceño, congresista electo del Centro Democrático, por desacatar una orden de retractación. La noticia se conoció en la madrugada del 3 de junio por RTVC, pero el propio Briceño ya había presentado ante el Juzgado 24 Penal Municipal una solicitud para anular esa sanción, argumentando que nunca fue notificado debidamente.

En su recurso, presentado el 2 de junio, Briceño sostiene que desconocía lo que había pasado en el proceso después de diciembre de 2025. Dice que solo se enteró de la sanción cuando Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, publicó sobre el tema en X. Todo comenzó cuando Cuartas interpuso una tutela pidiendo que Briceño rectificara o probara cómo ella "se ha gastado (...) 250.000 millones de pesos en eventos de política", una afirmación que él había hecho durante una denuncia de control político.

Briceño respondió con un video, pero Cuartas denunció ante la justicia que ese video no era una rectificación verdadera. "El Juez 24 Penal Municipal sancionó por desacato al exconcejal Daniel Briceño. Nos dio toda la razón al confirmar que sus videos no fueron una rectificación, sino una revictimización que agravó los señalamientos en mi contra", escribió Cuartas en X.

El ahora congresista electo asegura que sí participó en las primeras etapas del proceso. Respondió el incidente de desacato en noviembre de 2025 e hizo nuevas publicaciones en diciembre para cumplir con lo ordenado. El problema, según su defensa, está en las notificaciones. Briceño dejó su cargo como concejal el 5 de diciembre de 2025 y con ello perdió acceso al correo institucional que se había usado en todo el expediente. Aunque el Concejo de Bogotá reabrió esa cuenta por razones técnicas, él asegura que nunca recuperó el acceso real.

Briceño cuestiona el fondo del caso y acusa al gobierno nacional de intentar ocultar que la Unidad de Víctimas ha gastado más de 460 mil millones de pesos "en eventos, viajes, chivas, refrigerios, tarimas y politiquería, mientras las víctimas son abandonadas". En su solicitud pide que se invalide la sanción y todas las actuaciones posteriores que dependan de ella, además de que cualquier comunicación futura sea enviada a sus correos personales.

La decisión final la tendrá que tomar el juzgado. Por ahora, la sanción quedó en suspenso mientras se revisa la solicitud de nulidad.