Briceño, un municipio del norte de Antioquia, atraviesa una situación de seguridad tan crítica que la gobernación departamental reporta que cada dos días se registran actos de hostilidad. No es un dato menor: significa que la población vive bajo una amenaza constante, sin que parezca haber alivio próximo.

La violencia ha llegado al punto de obligar a servidores públicos a abandonar sus cargos por miedo. El personero municipal Wilmer Moreno renunció, al igual que el secretario de gobierno William Londoño. Incluso el alcalde Noé de Jesús Espinosa se vio obligado a desplazarse de su municipio y despachar desde Medellín. Cuando los funcionarios electos no pueden gobernar desde su territorio es porque la situación se ha vuelto insostenible.

Detrás de esta ola de terror están los combates entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, dos organizaciones criminales que disputan el control territorial. La fuerza pública ha intervenido, pero hasta ahora sus acciones no han logrado contener el conflicto armado.

A los casos ya conocidos se suman nuevas desapariciones forzadas. Desde hace un mes faltan Jhon Hernán Durango y su sobrino Alex Fernando Posada, quienes fueron citados a una reunión por las disidencias de las Farc en zona rural del municipio. También continúa desaparecido Mateo Pérez, en circunstancias aún no aclaradas.

Lo que sucede en Briceño refleja la realidad de territorios donde los grupos ilegales tienen más poder que la autoridad estatal. Los habitantes quedaron atrapados en un conflicto que no eligieron, bajo un terror silencioso que se renueva cada dos días.